Se trata de un importante documento que ayer, a instancias de la Red de Agua Pública de Madrid, presentaron públicamente en la sede de CCOO Madrid en un encuentro con candidaturas a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.
Lo hicieron en un acto moderado por Nuria Hernández-Mora, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en el que intervinieron Gonzalo Marín, Sonia Martínez y Liliana Pineda y contó con la presencia del presidente de la FRAVM, Quique Villalobos. Asistieron también representantes de las candidaturas de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
Recordemos que en abril de 2021, en el marco de las pasadas elecciones anticipadas de Madrid, las mismas organizaciones de la sociedad civil suscribieron un llamamiento a los grupos políticos de la Comunidad en el que se les instaba a asumir una serie de compromisos tendentes a afrontar los problemas más relevantes de los servicios de abastecimiento y saneamiento. También se reivindicaba, frente al modelo de gestión imperante, uno que fuera público, sin ánimo de lucro, democrático, transparente, participativo, con rendición de cuentas, respetuoso con los derechos humanos al agua y al saneamiento y con las competencias municipales, a la vez que sostenible económica, social y medioambientalmente.
Como resultado de esos comicios se formó un gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso gracias al apoyo de Vox. En los dos años transcurridos, y en el marco de las crisis sanitaria, energética, económica y social, exacerbadas por los impactos de la guerra de Ucrania, este gobierno no ha impulsado políticas decididas destinadas a apoyar a los sectores sociales más desfavorecidos, lo que ha causado, según el informe de Foessa de 2022, que la pobreza y la exclusión social hayan aumentado significativamente en la Región de Madrid y su riesgo alcanza a más del 20% de la población; unos 500 mil ciudadanos no tienen posibilidad de proyecto vital alguno al encontrarse en situación de pobreza severa sin capacidad alguna de hacer frente al pago de los servicios básicos. Todo ello en un escenario de inequidad norte-sur tanto entre los municipios del área metropolitana de Madrid como entre los distritos de la propia capital.
Aunque el Gobierno no ha sido capaz de aprobar los presupuestos regionales, debiendo prorrogar los vigentes, como ya hicieron en 2020 y 2021, sí que ha impulsado políticas de claro carácter neoliberal, orientadas a favorecer a los intereses de los lobbies privados, especialmente en el ámbito del urbanismo, sanidad, educación y vivienda. La Ley Ómnibus se inscribe claramente en esta línea, que favorece la privatización y la liberalización de la gestión de los servicios públicos.
En este contexto, el modelo mercantil del Canal de Isabel II SA se ha visto reforzado, no solo por la política de maximizar los beneficios -desde su fundación en 2012 los beneficios conseguidos hasta 2021 ascienden a 2.103 millones de euros, un 26% de la cifra de negocios, de los que 1.391 millones se repartieron como dividendos entre sus accionistas, según datos de los informes anuales de la empresa-, sino también por su práctica conversión en una empresa multiservicios, reflejo de lo cual es su integración en la organización empresarial madrileña CEIM. Además, el actual modelo de gestión ha supuesto un déficit en las inversiones en el caso del saneamiento y depuración, especialmente sensible por su impacto en la calidad de las masas de agua y ecosistemas de la Región, y ha generado relaciones desiguales con los ayuntamientos, que son los titulares de los servicios del ciclo urbano del agua.
La gestión del Canal de Isabel II SA se caracteriza por su opacidad, la falta de procedimientos efectivos para la rendición de cuentas y transparencia, y la nula participación de la ciudadanía; esto se refleja constantemente en la forma en la que se toman las decisiones, que en muchos casos son trascendentales como en el caso de la elaboración de los nuevos estatutos o el progresivo abandono de la planificación estratégica. Todo ello ha favorecido la instrumentalización de la empresa al convertirla en un medio propio personificado, según los nuevos estatutos, o en la financiación de medios de comunicación afines al gobierno. Es especialmente relevante el hecho de que los nuevos estatutos permitirán que la actividad del Canal de Isabel II SA se amplíe en el ámbito territorial más allá del de la Comunidad de Madrid, incluso a nivel internacional, y en el sectorial, todo ello en un escenario de menores controles parlamentarios, precisamente el mismo en el que a principios de siglo se sentaron las bases de la corrupción que afectó a la empresa, que se empezará a juzgar inminentemente a través del caso Lezo y que afectará a los principales responsables de la empresa en ese periodo.
En el contexto general esbozado, y en lo que respecta al ciclo urbano del agua, las organizaciones sociales han impulsado diversas actuaciones de incidencia ciudadana consecuentes con los compromisos defendidos en mayo de 2021, siendo especialmente relevantes la Campaña agua y saneamiento, derechos humanos básicos para la vida que reivindica el reconocimiento e implementación de estos derechos en la Comunidad de Madrid, y la Campaña queremos ríos vivos, con agua para la vida que denuncia los deficientes caudales ecológicos y el estado de abandono en que se encuentran los ríos madrileños.
Las propuestas incluidas en el documento de mayo de 2021 son plenamente vigentes, toda vez que no se ha tomado ninguna medida positiva en relación con los derechos humanos al agua y al saneamiento, ni a resolver las deficiencias relacionadas con la gestión del ciclo urbano del agua. Es más, es previsible que se aborden nuevos intentos de privatizar el Canal de Isabel II, en línea con lo que se está desarrollando en la sanidad o educación.
Por ello, ante la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid para el próximo 28 de mayo, las organizaciones sociales que aparecen al final de esta nota proponemos a los partidos políticos que concurran a las elecciones que asuman los compromisos siguientes, que recogen lo sustancial de las exigencias de mayo de 2021, los incorporen a sus programas electorales y los defiendan e implementen durante la próxima legislatura.
ACUERDO SOCIAL POR EL AGUA
COMPROMISOS
- Consideramos que los ríos, acuíferos, lagos y humedales forman parte del común, por lo que la gestión del agua debe realizarse sin ánimo de lucro y con criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático, sostenibilidad y no deterioro de las masas de agua. La actual gestión del agua es responsable directa del mal estado de los ríos madrileños, lo cual incide negativamente en la mala calidad del curso medio del Tajo. En consecuencia, exigimos que en la gestión del abastecimiento de agua se garanticen regímenes de caudales ecológicos adecuados y con todos sus componentes, y, en el caso del saneamiento, se asegure un control efectivo de los vertidos a los cauces y la realización de una auditoría de la situación de las depuradoras en la región para adecuarlas a las necesidades actuales, todo ello para asegurar una buena calidad de las masas de agua.
- Es urgente afrontar de forma participativa los impactos del cambio climático en la disminución de la disponibilidad de los recursos hídricos y en la inexcusable necesidad de reducir y gestionar en consecuencia las demandas de agua, con el fin de garantizar su uso sostenible y equitativo. En consecuencia, exigimos al gobierno regional que de una vez concrete una estrategia participativa frente al cambio climático e instamos a los gobiernos locales a que realicen actuaciones de adaptación al cambio climático que necesariamente deberán fomentar las capacidades sociales y la articulación de planes participados de gestión de riesgos de sequía e inundaciones.
- Asumimos los derechos humanos al agua y al saneamiento en los términos definidos por Naciones Unidas, que los configuran como derechos de prestación de estos servicios, de acuerdo con criterios fundamentales (universalidad, equidad, no discriminación e igualdad sustantiva), normativos (accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad) y transversales (participación y acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas y sostenibilidad). En este sentido, son las administraciones públicas competentes las responsables de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos al agua y al saneamiento facilitando su disfrute en toda la Comunidad de Madrid y en todos los ámbitos de la vida, desde los hogares hasta en los espacios públicos y comunes, en los asentamientos informales y en situaciones de emergencia habitacional. Por ello, propugnamos que se impulse una Ley de Mínimo Vital de agua en la Comunidad de Madrid que asegure la provisión per cápita diaria gratuita de 100 litros para las personas en situación de vulnerabilidad, así como la prohibición de cortes de suministro en tales circunstancias.
- Blindar el carácter público del Canal de Isabel II (CYII) recuperando la entidad pública Canal de Isabel II como responsable de la gestión directa de las actividades relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y reutilización en la Comunidad de Madrid, lo que implica la derogación del artículo 16 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, la disolución de la sociedad anónima Canal de Isabel II integrando su personal y todos sus activos y pasivos en la entidad pública, la disolución de las empresas del grupo Canal que no estén relacionadas con el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, y el abandono de las inversiones realizadas por el CYII en el marco de sus políticas privatizadoras en América Latina. Exigimos que este proceso de desinversión se realice favoreciendo el regreso a la gestión pública de las empresas privatizadas en un contexto de cooperación entre entidades públicas. Así mismo revindicamos la remunicipalización de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aquellos municipios que actualmente son gestionados por el sector privado.
- Entendemos que en el seno del CYII deben cooperar las distintas administraciones -central, autonómica y local-, con competencias en el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid; en este contexto, los ayuntamientos deberán tener una representación reforzada en los órganos de dirección del CYII, en tanto que son titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento y, en todo caso, se respetará su autonomía en la elección de las formas de gestión de estos servicios. Consecuentemente, planteamos revisar los Convenios formalizados durante el proceso de constitución de la sociedad anónima, ya que, además de no corresponderse con la situación actual, incluyen cláusulas abusivas y discriminatorias en detrimento de los intereses de los ayuntamientos, en los que subyace una posición subordinada de las entidades locales frente al CYII.
- Reivindicamos que el nuevo modelo de gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid se realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. En este sentido reivindicamos que los resultados económicos de cada ejercicio se reinviertan exclusivamente en actividades relacionadas con el ciclo integral del agua y que consecuentemente, mientras se mantenga la estructura mercantil actual del CYII, no se repartan dividendos.
- Exigimos que el nuevo modelo de gestión se impulse desde la Comunidad de Madrid a través de un proceso participativo en el que se lo defina y, posteriormente, se implemente mediante el procedimiento administrativo que sea pertinente. Propugnamos, en este contexto, la redacción de nuevos reglamentos de los servicios de abastecimiento y saneamiento consecuentes con los criterios anteriores que deroguen a los vigentes, totalmente obsoletos y desfasados de la realidad actual; igualmente, reivindicamos la aprobación de las correspondientes ordenanzas en el caso de los ayuntamientos con gestión municipal directa del agua.
- Defendemos el derecho a la participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases de la gestión del ciclo integral del agua, de forma que sea posible incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la programación estratégica y de los proyectos y programas que se realicen y financien, así como la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas tarifarias. Por tanto, consideramos que es preciso potenciar los mecanismos de acceso a la información y promover nuevas formas de control social y democrático que garanticen la participación ciudadana efectiva en la gestión del ciclo integral del agua bien a través de órganos específicos o Comisiones de control, en el caso de la gestión municipal directa, o a través de su presencia en el Consejo de Dirección en el caso del CYII, para lo que propugnamos la constitución de un Observatorio del Agua como un órgano de participación y control social y ciudadano, en el que se analicen los problemas del agua en la Comunidad, se informe a los ciudadanos, proponga y concierte con la dirección del CYII la solución de los problemas relativos al servicio público del agua, evalúe la calidad del servicio, transmita las quejas de los usuarios y proponga medidas para resolver los problemas observados.
- Abogamos por el establecimiento de procedimientos formalizados de transparencia y rendición de cuentas que afecten a todos los niveles de la toma de decisiones de los procesos de la gestión y operación del ciclo integral del agua, en el convencimiento de que sentarán las bases para favorecer la participación pública, los niveles adecuados de servicio y, especialmente en el caso del CYII, evitar la repetición de las tramas de corrupción que durante las dos décadas pasadas constituyeron un fenómeno estructural en el que se primaron intereses particulares en detrimento de los intereses generales de un servicio público. En este contexto, reivindicamos la transparencia y publicidad de todas las decisiones que los distintos niveles directivos adopten, incluyendo las conclusiones y resoluciones de los órganos decisorios de la gestión de los servicios que, en el caso concreto del CYII son su Consejo de Administración y la Junta de Accionistas. Entendemos que la rendición de cuentas se debe basar en la existencia de auditorías periódicas internas y externas, incluyendo el control sistemático que, a través de una comisión específica, debería realizarse en la Asamblea de Madrid.
- Consideramos que un servicio público vinculado a derechos humanos precisa de un personal con derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas, para lo cual es necesario adecuar los recursos humanos a las actividades reales que debe realizar, garantizando que los procesos de selección se atengan a criterios de igualdad, mérito y capacidad, se limite y regule la discrecionalidad y que los puestos estructurales tengan carácter de fijos, limitándose los eventuales a los estrictamente necesarios, así como que se establezcan unos salarios justos y homogéneos entre todo el personal laboral. En consonancia con la importancia de los trabajadores, reivindicamos su participación en las instancias de toma de decisiones y, concretamente, en el caso del CYII su presencia en su Consejo de Administración.
- Abogamos por un CYII imbricado en la sociedad madrileña, que desarrolle relaciones de cooperación con ayuntamientos, colegios, universidades, instituciones, asociaciones y demás organizaciones civiles, en todo lo relativo a sus fines y ámbito de actuación. Reivindicamos que la actividad de I+D+i del CYII se desarrolle de forma planificada teniendo en cuenta este contexto colaborativo, incluyendo en su ámbito de estudio cuestiones relacionadas con la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento y el cambio climático.
- Finalmente, nos comprometemos a hacer lo necesario para que las normas y leyes vigentes se adapten a los compromisos del presente Acuerdo. En particular, exigimos la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, y de los artículos y disposiciones adicionales de la ley de presupuestos de 2017 y de la ley de contratos del sector público que fomentan la privatización o limitan la remunicipalización de los servicios públicos municipales, entre ellos los de abastecimiento de agua y saneamiento.
Firman este acuerdo:
Amigos de la Tierra Madrid
Asociación Vecinal El Pueblo que Queremos
Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras de Madrid (ATTAC Madrid)
Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM)
Club Debates Urbanos (CDU)
Comisiones Obreras de Madrid (CCOO Madrid)
Coordinadora de Vivienda de Madrid
Ecologistas en Acción Madrid
FACUA
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA)
Jarama Vivo
Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA)
Observatorio ciudadano del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano
Plataforma contra la privatización de Canal de Isabel II (PCPCYII)
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid
STOP Desahucios Móstoles
Red Agua Pública Madrid
Unión General de Trabajadores de Madrid (UGT Madrid)
