Ocupaciones ilegales: la solución, hacer efectivo el derecho a la vivienda ⋆ FRAVM

Ocupaciones ilegales: la solución, hacer efectivo el derecho a la vivienda

A continuación reproducimos un artículo del presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos, publicado en el periódico Diegonal que recoge el parecer de la federación respecto a las ocupaciones de inmuebles, las prácticas mafiosas y el derecho a la vivienda, un derecho enfrentado a menudo al derecho a la propiedad privada.

Tras demasiados años de una crisis que no parece terminar, siguen apareciendo nuevos efectos, que castigan, de manera implacable, a las capas más débiles de una sociedad que se ha demostrado incapaz de protegerlas y, por tanto, de cumplir su función. Nos encontramos con miles de familias excluidas de aquel sistema de protección social que, se supone, servía para hacer de nuestro país un lugar donde todos y todas cupiéramos, con independencia de lo que pensásemos o tuviéramos. Esta crisis que se ha llevado por delante millones de empleos, poniendo en la antesala de la precariedad a cientos de miles de familias, sacó a la luz en su primera fase el incalificable drama de los desahucios de aquellas que no podían asumir los imposibles costes e inaceptables condiciones de los créditos hipotecarios. La reacción de la gente entonces fue la organización espontánea de grupos y plataformas, en numerosos barrios y ciudades, para enfrentarse a esos desahucios. Sabemos que muchos se consiguieron frenar, pese a tener delante a verdaderos ejércitos de antidisturbios, pero también sabemos que muchos otros no se consiguieron, dejando en la calle a miles y miles de hogares. ¿Qué esperábamos, que todas esas familias se fuesen a vivir debajo de un puente? Si no vemos a diario los puentes de Madrid habitados por las familias que primero fueron expulsadas de sus empleos y luego de sus hogares, es, en parte, porque hay demasiados pisos vacíos en Madrid y a estas alturas de la vida democrática de nuestro país nadie concibe como admisible ese nivel de precariedad. Cualquier solución es válida antes de volver al lugar de donde salieron nuestros abuelos. Por tanto, no es de extrañar que muchos de esos pisos vacíos hayan sido ocupados. Cualquiera en esas mismas condiciones habríamos hecho lo mismo. No hay razón para criminalizar, en este momento de crisis, a aquellos que en la peor situación de su vida han optado por esta solución habitacional. Más aún cuando ninguna de las administraciones ha podido, o querido, evitar que acaben en la calle. El viejo conflicto entre el Artículo 33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad y la herencia, frente al Artículo 47 que establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se suele resolver en favor del primero. A su disposición se ponen los medios que hagan falta: policía, jueces y fiscales, con todos sus recursos. Pero ¿cuántos medios se destinan a hacer realidad nuestro malogrado Artículo 47? En un país donde la vivienda social apenas si llega al 1% mientras en los países de nuestro entorno supera con creces el 15% -Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%)- resulta evidente de qué lado se ha estado todo este tiempo. Aquí se ha primado la vivienda como un bien de cambio (negocio) y no como un bien de uso (servicio). Y así nos va. Pues bien, ante el vacío y desatención de la Administración, como sucede en otros ámbitos, a menudo grupos mafiosos toman las riendas del negocio y se convierten en los facilitadores de viviendas, no en plan Robin Hood, no. Su funcionamiento es la extorsión, valiéndose de su fuerza y de la precaria situación de muchas familias, para sacar un beneficio económico que, unas veces viene de dar acceso a una vivienda usurpada y otras de cobrar un alquiler por ella. Para poder mantener su negocio, necesitan hacerse fuertes en los edificios y barrios donde actúan y para ello destrozan, amenazan, intimidan, etc. A estas alturas del relato, cualquiera debería haber identificado la diferencia entre esas familias que se han visto empujadas a ocupar y los grupos mafiosos que han hecho de este drama un negocio. Sin embargo, vemos cómo algunos grupos políticos y medios de comunicación no hacen distingos y en una especie de ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’, se pretende criminalizar a las familias mientras se olvidan del verdadero problema, que no es otro que en nuestro país la vivienda es un negocio para constructores y mafias y no la solución habitacional recogida como un derecho en nuestra carta magna. ¿Hasta cuándo vamos seguir jugando a este juego perverso?