Ante el anuncio de que Vodafone y Movistar pretenden instalar antenas de telefonía móvil a escasos metros de los colegios Plácido Domingo y Tirso de Molina de Arganzuela, en la azotea de un inmueble de la empresa Larcovi, las asociaciones de madres y padres de dichos centros, así como la asociación vecinal Planetario, exigen tener la misma protección frente a las radiaciones electromagnéticas que los habitantes de Leganés, Castilla-La Mancha, San Luis (Baleares) o Molina de Segura (Murcia). Tal y como recogen en un comunicado, ‘estas localidades han disminuido las radiaciones a los niveles recomendados por la comunidad científica independiente y, en algunos casos, han prohibido instalar antenas a menos de 200 metros (San Luis) o 300 metros (Málaga, Molina de Segura) de los centros escolares’. Las familias están alarmadas ante el proyecto, ya que, según sus palabras, ‘existe suficiente evidencia que confirma la especial vulnerabilidad de los niños a las ondas electromagnéticas y la necesidad de alejar las antenas de los centros escolares, tal como recomienda el Parlamento Europeo en su resolución de 2 de abril de 2009’.
Por eso, con objeto de que las administraciones se hagan cargo del asunto y alejen de los centros escolares de Arganzuela este tipo de infraestructuras, esta tarde consignarán en la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid (calle Hierro, 27) 800 firmas contra la antena de Movistar, que se suman a las 1.200 rúbricas que se registraron con anterioridad contra las antenas de Vodafone. Mañana, además, organizarán un encuentro en el auditorio de la Casa del Reloj (Paseo de la Chopera, 6-8) a las 16h con las familias afectadas del colegio sevillano Poetas Andaluces. En este centro, que tiene muy cerca varias antenas de telefonía móvil, se han registrado seis casos de leucemia infantil, con resultado de tres fallecimientos.
Aunque los padres y madres de los escolares llevan meses movilizándose para alejar las antenas de los colegios citados, la respuesta de las tres administraciones, hasta el momento, no ha sido otra que ‘mirar hacia otro lado’. ‘El alcalde de Madrid y la presidenta de esa Comunidad afirman no tener competencias para regular la ubicación o las emisiones de las antenas. En realidad, podían haberlas asumido, tal como han hecho otros municipios y comunidades autónomas, pero han preferido dejar vía libre a las operadoras para seguir pisoteando la salud de la población infantil’ sostienen los afectados, antes de cargar las tintas contra el Gobierno central. ‘El ministro de Industria hace oídos sordos a las advertencias de la comunidad científica internacional y cada vez se lo pone más fácil a las operadoras. Su ministerio ha eliminado los controles sobre los niveles de exposición de las antenas que se instalan en el interior de oficinas, casas y estaciones de metro (orden ITC/749/2010). Durante su mandato no ha rebajado los límites tan permisivos de radiación recogidos en el RD 1066/2001 sobre protección de la salud frente a los campos electromagnéticos. Se trata de un decreto obsoleto porque, entre otras razones, se aprobó para desarrollar una norma ya derogada, la ley de telecomunicaciones de 1998. Además, el Parlamento Europeo y la Agencia Europea de Medioambiente han instado a nuestro país a rebajar en miles de veces los límites máximos de radiación permitidos en ese real decreto’, concluyen en su escrito.
