Las personas que, por causa de la edad o de alguna enfermedad o discapacidad carecen de autonomía física, mental, intelectual o sensorial y precisan, por tanto, de la atención de otras personas para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria tienen, desde diciembre de 2006 un nuevo derecho de ciudadanía, reconocido por la Ley de Dependencia.
A fecha de 1 de septiembre de 2010 y, según la Información Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el Gobierno regional madrileño, responsable de estudiar y, en su caso, de conceder las ayudas derivadas de la Ley había recibido la solicitud de 107.883 madrileños. De los 61.531 solicitantes con derecho a prestación reconocida, sólo 39.115 perciben las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia: 18.506 reciben atención residencial y 8.120 una prestación económica por cuidados familiares. Más de 22.400 dependientes, por tanto, están en “lista espera”.
El incumplimiento, por parte del Gobierno regional, de la aplicación de la Ley afecta, sin embargo, a más personas. De su correcto desarrollo depende la calidad del empleo de cerca de 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector y la posible creación de, al menos, 50.000 nuevos puestos de trabajo, abriendo así la posibilidad de convertirse en un sector estratégico para la necesaria articulación de un nuevo modelo productivo para la región de Madrid que le permita salir de la crisis económica.
Con ese convencimiento y, preocupadas por la delicada situación en la que se encuentran las familias de las personas dependientes que se encuentran a la espera de recibir las ayudas que les corresponden, las organizaciones que forman parte del Observatorio Social de la Dependencia (FRAVM, CCOO, UGT y CECU) trasladaron ayer a Engracia Hidalgo, responsable de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, una batería de medidas para garantizar la aplicación de la Ley que, en estos momentos, está siendo objeto de estudio por parte del Ejecutivo autonómico:
– ??????Negociación y desarrollo de un Plan Director para la implementación de la Ley, en el marco del Consejo de Madrid. Plan de choque para la construcción de residencias y centros de Día públicos para atender a las nuevas necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia con dotación presupuestaria necesaria para disponer de los servicios y prestaciones de carácter público que contempla la Ley.
– Constitución del Comité Consultivo Regional con participación de los agentes económicos y sociales. Y creación de un Observatorio Permanente de la Dependencia que permita la elaboración de mapas de necesidades de cara a la previsión y adecuación de recursos y dispositivos de atención.
– Constitución de un Organismo Público de control e inspección de los servicios y centros de atención a la dependencia que operen en el territorio de la Comunidad de Madrid independientemente de la titularidad y modelo de gestión. Este organismo deberá estar dotado de los recursos humanos y técnicos suficientes.
– Compromiso para la articulación de un Sistema Regional de Atención a la Dependencia de titularidad pública, gestión directa y suficiente, dotándole de mecanismos que garanticen la calidad de los servicios y los centros en términos de ratios de personal, estabilidad en el empleo y formación y cualificación, entre otros. La participación de la iniciativa privada se entenderá como complementaria y subsidiaria de la gestión directa. Desarrollo de la Ley atendiendo a los criterios establecidos en la norma respetando los criterios de excepcionalidad y no generalizando los mismos, especialmente en lo referido a la cartera de prestaciones y servicios.
– Garantizar una gestión del sistema en la Comunidad de Madrid, transparente, informado y participado. Desarrollo de campañas de información y difusión de carácter general y accesible.
– Garantizar la participación de las Administraciones Locales en el desarrollo y gestión de la Ley en la Comunidad de Madrid articulando los mecanismos de colaboración, cooperación y financiación necesarios respetando en todo momento, los principios y criterios establecidos en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
