Madrid recoge 13.700 firmas contra la privatización del agua

En 2010, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el agua como un derecho público primario. A pesar de ello, más de un millón de personas no tiene acceso al agua. En España, el 50% de la gestión del agua está en manos de empresas privadas. Hace unos meses se puso en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea para que se contemple el agua y el saneamiento como un derecho humano.

Madrid recoge 13.700 firmas contra la privatización del agua
Madrid-recoge-13.700-firmas-contra-la-privatizacion-del-agua-1.jpg

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII), de la que forma parte la FRAVM, promueve la Iniciativa Ciudadana Europea ‘El agua es un derecho humano’ dirigida a que la Comisión Europea apruebe una directiva que garantice el acceso y el control público del agua. La iniciativa requiere el apoyo de un millón de personas de, al menos, siete paises de la UE. Hasta el momento, se han logrado 1.468.374 rúbricas, a las que hay que sumar las recogidas en papel.

Esta mañana, representantes de la PCPCYII, entre ellos Paco Caño, responsable de medio ambiente de la FRAVM, anunciaron el número de firmas recogidas por ese método solo en Madrid: 13.700, a las que hay que sumar las recogidas en internet.

Los portavoces de la plataforma recordaron que no existe ninguna razón “de eficiencia” que justifique la privatización del agua en la Comunidad de Madrid. Caño subrayó, además, el hecho de que el Canal es una empresa pública que presentaba beneficios. A pesar de ello, el Gobierno regional recurrió incluso al “chantaje” para que los ayuntamientos firmen los convenios y cedan sus derechos sobre el agua, llegando incluso a “amenazar” a aquellos que se negaban con no saldar la deuda económica que mantenía con ellos. Hasta el momento, se han denunciado los convenios firmados por los municipios de Madrid, Getafe, Majadahonda y Alcorcón.Caño tampoco olvidó señalar la “ruinosa” operación en la que se ha embarcado el Canal: la gestión de Aguas de Lanzarote, que ha costado 180 millones de euros, 60 de los cuales son para pagar la deuda de la empresa canaria.Esta “agilidad” en el gasto contrasta con la creciente precariedad laboral del personal del Canal, que en palabras de Raquel García, de la Sección Sindical de CCOO en el Canal de Isabel II, afecta al 40% de la plantilla, fundamentalmente al personal que ha ingresado tras la creación de la nueva sociedad, afectado por una situación de “inestabilidad e inseguridad” laboral, lo que está dando lugar a una “desprofesionalización” del Canal, hasta el punto de que servicios importantes están siendo atendidos por becarios.Los integrantes de la Plataforma anunciaron que seguirán recogiendo firmas hasta el mes de septiembre, momento en que finaliza el plazo legal de la iniciativa, que se puede apoyar a través de internet.

Foto: CCOO Madrid

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Archivo