El domingo, la Asociación de Afectados del Sureste (ACAS), que agrupa a un buen número de las miles de familias estafadas, dejará la Cuesta de Moyano por todo lo alto. “Gracias a la solidaridad de los colectivos de artistas hemos conseguido reunir a 25 artistas, entre poetas, músicos, grupos de danza, performance, etc, que nos mostrarán todo su arte, apoyo y solidaridad a partir de las 20h, después de las marchas que vienen de toda España y llegarán a Madrid”, indican en el texto, que hace referencia a la nueva jornada de lucha del movimiento 15-M. Tras el evento, que se desarrollará bajo el lema “No nos vamos, cerramos por vacaciones y nos trasladamos a vuestras conciencias”, la entidad ofrecerá una “cena compartida entre todos los afectados y afines a nuestra causa”. Una causa que dura ya 14 años y que no se cerrará hasta que las administraciones promuevan una salida digna para las familias afectadas.

Después de 88 días durmiendo al raso junto a los tradicionales puestos de libros de segunda mano de Moyano, los cooperativistas levantarán su campamento de protesta para volver a dar la batalla dentro de un mes. “Queremos dejar bien claro que esto no es una retirada, sino una pequeña pausa para coger fuerzas y volver en septiembre con la lucha, con actos y movilizaciones, concentraciones puntuales y otras acciones hasta que exista justicia de verdad, con las implicaciones de todas las Administraciones que tengan competencias sobre nuestro caso”, advierten los afectados.

Recordemos que hace 14 años, miles de familias, futuros vecinos de los barrios de Los Berrocales, El Cañaveral, Los Ahijones y Los Cerros, invirtieron gran parte de sus ahorros en unas viviendas que aún no han visto un solo ladrillo. Según ACAS, en estos años cada hogar ha desembolsado entre 40.000 y 70.000 euros de media. Dinero que, hasta ahora, sólo ha servido para enriquecer a algunas gestoras sin escrúpulos como Ofigevi y Gespozuelo, en cuya cabeza se sitúan Miguel Torralbo y sus hijos Amanda y Rafael Torralbo, empresarios que han sido denunciados por los cooperativistas. Los afectados llevan meses demandando que se aceleren los trámites de las querellas interpuestas, el cambio del fiscal que lleva el caso y que se investigue “a todas las cooperativas y gestoras de cooperativas que siguen operando clandestinamente en los desarrollos del Sureste de Madrid perpetuando una estafa”, asegura ACAS .