Las familias afectadas solicitan el amparo de la Defensora del Pueblo “ante la situación de abandono creada por el IVIMA al enajenar a un fondo de inversión 32 promociones de viviendas en arrendamiento y en arrendamiento con opción a compra, es decir, 2.939 pisos”, muchos de los cuales albergan a personas jóvenes o con bajo nivel de ingresos. Como es sabido, en agosto de 2013 y tras una periodo de licitación, la Comunidad de Madrid adjudicó estas viviendas a la unión de empresas Azora-Goldman Sachs por 201 millones de euros, lo que supone una media de 68.000 euros por vivienda. Precisamente este bajo precio es uno de los argumentos que utilizan los afectados en su escrito de queja ante la Defensora del Pueblo: “según varias fuentes procedentes de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, la construcción de dichas viviendas ha costado al IVIMA alrededor de 300 millones de euros. Así pues, el supuesto “negocio” para la Administración pública no ha sido tal, al contrario, ha supuesto un quebranto patrimonial para la Comunidad de Madrid”, indica el escrito.
Además, sostienen los afectados, vulnerando el derecho de tanteo y retracto de los inquilinos con opción a compra, “en todo momento, la Comunidad de Madrid ha evitado ofrecer la compra de las viviendas a sus inquilinos y adjudicatarios oficiales de las mismas. Y no sólo ha hecho esto, sino que nos ha negado la posibilidad de tanteo en la operación. Para ello, la Comunidad de Madrid modificó el Reglamento de Viviendas con Protección Pública el pasado 18 de julio de 2013, cambiando el artículo 18 del reglamento, el relativo a la transmisión de las promociones en alquiler a terceros”. Pero más allá de las personas que podrían optar a la compra de las viviendas que habitan, están aquellas que por cuestiones económicas hoy en día no pueden hacerlo: “tendrán que abandonar sus viviendas. Así nos lo ha comunicado Encasa Cibeles [empresa administradora] en la reunión mantenida con ellos”, indican los afectados.
Otro de los problemas que denuncia el escrito es la supresión, para muchos inquilinos, de las ayudas para poder afrontar los pagos de alquiler: “en este paquete de viviendas vendidas, existen multitud de familias con todos sus miembros en paro o cobrando el REMI, con hijos a su cargo, etc… Cuando se acaben los dos años por los que se les han concedido dichas ayudas, automáticamente, de un día para otro, estos inquilinos pasarán de pagar 80€ o 90€ en algunos casos, a 400€ ó 500€. Es evidente que no les será posible y tendrán que abandonar sus viviendas”.
Por último, las familias afectadas critican la falta de información por parte del IVIMA, algo que “vulnera abiertamiente los artículos 14, 103 y 105 de la Constitución. Las autoridades de la Comunidad de Madrid y del IVIMA nos han tratado con sus actuaciones, engaños y silencios, más como una mercancía que como ciudadanos que somos”, remachan.
Tras el acto de entrega de la petición de amparo, por la tarde, y a instancias de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), los afectados por la venta de viviendas del IVIMA se manifestaron ante la Asamblea de Madrid. La protesta coincidió con una comparecencia en el parlamento madrileño del consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en la que, a petición de los grupos de la oposición, explicó la venta de viviendas y lo que va a significar para las familias.
La semana concluyó con una manifestación que el sábado 15 de febrero se desarrolló, bajo una lluvia incesante, entre la glorieta de Cuatro Caminos y la calle Basílica, ante la sede del IVIMA.
