Leganés pide la dimisión de Manuel Lamela

Las vecinas y vecinos de Leganés, que se han caracterizado por una férrea defensa de la sanidad pública a raíz de la denominada “crisis del Severo Ochoa”, se dieron cita el pasado 26 de octubre en una manifestación convocada por la Plataforma Vecinal en Defensa de la Sanidad Publica de Leganés y la FRAVM.

Ambas organizaciones denunciaron la política de opacidad informativa del Gobierno regional en lo que respecta a la privatización de la sanidad pública emprendida por el equipo de Esperanza Aguirre que oculta el modelo de gestión de los ocho nuevos hospitales. Expo Salud, la exposición que ha costado a las vecinas y vecinos de Madrid la friolera cifra de 700.000 €, “olvida” informar a la ciudadanía de que el Gobierno regional ha cedido la construcción y gestión, durante treinta años (prorrogables a otros treinta), de estos hospitales a la multinacional sueca Capio, una empresa que abandonará la salud de las madrileñas y madrileños a merced de una política sanitaria determinada por el ánimo del beneficio económico privado.

Esta estrategia condenaría a más de 500.000 vecinas y vecinos que el año que viene serán atendidos por Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro a “pagar” con su salud la precarización del servicio sanitario derivada del margen de beneficio económico de la empresa adjudicataria del servicio. Más allá de la crisis del Severo Ochoa, la consejería de Sanidad está provocando el desprestigio de la sanidad pública mermando medios y restando efectivos de las plantillas, motivo por el cual los profesionales de la sanidad han convocado una huelga para el próximo día 10 de noviembre. Del mismo modo, la mayoría de las reivindicaciones relativas al hospital Severo Ochoa siguen sin ser atendidas: la puesta en marcha de un servicio de urgencias, el restablecimiento de los profesionales en sus puestos, la ampliación de plantilla y el definitivo esclarecimiento de las calumnias y falsas acusaciones vertidas sobre los profesionales del centro.

Por todo ello, reclamaron la inmediata dimisión de Manuel Lamela; la retirada de la propuesta de zonificación de Madrid y la elaboración de un nuevo borrador con participación de las organizaciones vecinales y sindicales; la actualización de las plantillas y dotaciones en los hospitales, centros de atención primaria y de especialidades y la creación en todos los centros hospitalarios públicos de unidades de cuidados paliativos dotadas de medios adecuados.