En los últimos años, la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento descomunal que ha supuesto la proliferación de redes de telefonía móvil y un aumento significativo de la contaminación electromagnética y de la percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras. Hasta el momento, la legislación estatal no ha resuelto el impacto social y ambiental de las redes de telefonía móvil, haciendo así caso omiso a las reiteradas resoluciones de la Unión Europea que instan a los estados a modificar la legislación referida a la contaminación electromagnética implementando el principio de precaución como máxima para garantizar la salud de la población. El Gobierno central tampoco ha respondido a las insistentes y documentadas reivindicaciones remitidas por la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética -de la que forma parte la FRAVM- privilegiando así los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones en detrimento de la salud de la ciudadanía.
En este tiempo, el movimiento vecinal y ecologista no han dado tregua en su batalla por concienciar a las administraciones y la ciudadanía de la necesidad de activar todos los mecanismos de prevención y control necesarios para garantizar la salud de las personas. Esta batalla ha sido especialmente constante e incisiva en el municipio de Leganés, donde la Federación local de asociaciones vecinales logró que el Ayuntamiento aprobara una moratoria en la aprobación de instalación de antenas de telefonía móvil en el municipio hasta que ambas partes consensuaran una ordenanza que garantice la conciliación de los derechos al acceso a la información y la comunicación y a la salud de la población. Tras varios meses de intenso trabajo, ayer, por fin, ambas partes sellaron un acuerdo por el cual el Consistorio se compromete a someter a aprobación del pleno municipal la ordenanza consensuada y a reservar la necesaria partida presupuestaria para instalar, en la primera mitad de 2010, una red de medidores de las emisiones radioeléctricas en todo el territorio de Leganés con el objeto de garantizar que éstas no causen daño alguno a la salud de la población.
Firmaron el acuerdo Ángel Sánchez en nombre de le Federación local de asociaciones vecinales, el alcalde de la localidad, Rafael Gómez Montoya y el teniente alcalde de la localidad, Raúl Calle en un acto al que asistió, asimismo, el responsable de Medio Ambiente de la FRAVM, Francisco Caño, que declaró que ‘la FRAVM espera que la sensibilidad puesta de manifiesto por el Ayuntamiento de Leganés sirva como ejemplo a otros consistorios, como el de Madrid, para poner freno a la desordenada y descontrolada proliferación de antenas de telefonía móvil en la capital, que ha dado lugar a una siniestra malla que suma 5.000 bases contaminantes’.
