Más de 300 vecinos de los distritos de Latina y Carabanchel se dieron cita el pasado jueves 15 de noviembre en una asamblea convocada para hablar del futuro de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. En el encuentro, los asistentes decidieron dar un plazo de quince días al Ministerio del Interior para que informe a la ciudadanía del futuro de los terrenos.
La concejala del PSOE, Noelia Martínez, que asistió a la reunión, se comprometió a trasladar al Ministerio la decisión de la asamblea y hacer llegar a las asociaciones de vecinos una respuesta escrita antes del 30 de noviembre. ‘Si la respuesta no llega -advierten los portavoces de la asamblea vecinal- convocaremos una concentración ante al Ministerio del Interior’.
Además, la asamblea también decidió que se continuará exigiendo a las demás administraciones implicadas sus responsabilidades sobre los terrenos de la cárcel. Así, se pedirá al Ayuntamiento de Madrid que modifique el Plan General de Ordenación Urbana para que desaparezcan las 1.300 viviendas de precio libre que están contempladas en la actualidad y que la Comunidad de Madrid construya un hospital público, con gestión pública, que sirva de referencia para los vecinos de la zona.
Los vecinos de Latina y Carabanchel llevan desde que se conoció la intención de cerrar la antigua prisión exigiendo que no se especule con un terreno público que debe servir para paliar el grave déficit equipacional que sufren los dos distritos más poblados de la ciudad de Madrid. Solicitan la desaparición de la vivienda prevista y que todos los terrenos se dediquen a equipamientos sociales, incluyendo que se conserve un espacio de la cárcel para que se mantenga la memoria de lo que representó, y sobre todo a la construcción de un hospital.
