En un contundente comunicado que arranca con la frase “¡No nos morimos, nos asesinan!, las mujeres de la asociación vecinal del barrio de Zarzaquemada solicitan al Gobierno regional la apertura en Leganés de un centro de apoyo a las mujeres damnificadas por la violencia machista “que evite el peregrinaje, de puerta en puerta (como ocurre ahora), cuando deciden denunciar a su agresor, solicitar alguna ayuda en Servicios Sociales, o requerir asesoría jurídica del turno de oficio etc., con personal especializado y formación en violencia de género”.
Para lograr este objetivo, consciente de que la nueva ley de Régimen Local ha reducido las competencias de los ayuntamientos a la mínima expresión, el colectivo ciudadano insta al gobierno municipal de Leganés a que “exija a la Comunidad de Madrid los recursos necesarios para dar a las mujeres víctimas de violencia machista en nuestro municipio, la atención y reparación necesaria que merecen para poder salir de ese círculo de violencia”.
“Nuestra implicación en la erradicación de esta lacra social nos lleva a requerir a los responsables políticos, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, que no miren para otro lado, y asuman su responsabilidad como cargos públicos para que podamos dar una respuesta colectiva de toda la sociedad”, indican en la nota que han hecho pública.
El continuo reguero de muertes por violencia de género exige, para las agrupaciones de mujeres, medidas urgentes. “En nuestro país nos despertamos día sí y día también, con la noticia de un asesinato de una mujer. Este hecho, si se produjera en cualquier otro colectivo, se originaría tal alarma social que seguramente estaríamos en un estado de excepción, sin escatimar recursos humanos ni económicos para apoyar y reparar a esas víctimas, y también para analizar la raíz de esa violencia para poder prevenirla”, asegura el grupo de mujeres de Zarzaquemada, antes de concluir: “pero lo que realmente está sucediendo es la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, frente a la indiferencia o pasividad de un Gobierno al que responsabilizamos por sus recortes en ayudas sociales, cerrando pisos de acogida y centros de atención a mujeres, con medidas neoliberales con consecuencias adversas de desprotección a la mujer, precarizando instituciones y servicios que dependen de un programa de protección y atención”.