La noticia, que ha sido desvelada hoy, supone un auténtico jarro de agua fría para estos hogares que, agrupados en torno a AVVI (Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA) y con el apoyo de la FRAVM, llevan más de cinco años luchando para que se haga justicia y sean restituidos sus derechos como moradores de vivienda pública y protegida. Ni AVVI ni la FRAVM entienden a qué se debe este cambio de criterio repentino del Ministerio Público, que ahora considera que “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos” cuando antes sostenía que el proceso de enajenación de los inmuebles estuvo “trufado de irregularidades”. Y es que las irregularidades fueron tantas y de tal gravedad que el desarrollo de este proceso penal provocó, en febrero de 2016, la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado, y ha dejado en evidencia a otros políticos y altos cargos de la Administración regional, como la ex directora del IVIMA, Ana Gomendio.
En estos momentos, los abogados de AVVI estudian el contenido del escrito de la Fiscalía y las posibilidades de recurrirlo.
Bien es cierto que el fiscal que hasta ahora llevaba el caso ha sido reemplazado por otro, pero este hecho no debería afectar al criterio del Ministerio Público, máxime cuando los hechos que se juzgan se produjeron en una época prolija en episodios de corrupción política, como ha quedado de sobra acreditado en procesos como Gürtel, Púnica o Lezo. Este último provocó el ingreso en prisión del ex presidente regional Ignacio González, el mismo político del PP que estaba al frente de la Comunidad de Madrid cuando se vendieron al fondo buitre Goldman Sachs, por un precio muy inferior al del mercado y sin contar con sus moradores, 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos.
Desde esa operación, que tuvo lugar en agosto de 2013, las 2.935 familias afectadas han vivido un auténtico calvario. Muchas se han visto obligadas a abandonar sus pisos al no poder asumir las condiciones derivadas de la operación (como la pérdida de las ayudas al alquiler consecuencia del cambio de titularidad de la vivienda) o ante el abandono de los edificios por parte de Encasa Cibeles, la filial de Goldman Sachs que hoy los gestiona. Pero muchas otras familias resisten en sus viviendas, haciendo frente a las presiones de todo tipo de esta empresa, que busca desprenderse de los moradores de rentas más bajas para poder sacar más rédito de los inmuebles.
Y son estas familias las que ahora tratan de encajar el revés originado por la Fiscalía, y esperan que el juez que instruye el caso no lo cierre en falso, como solicita aquella, y continúe adelante con un procedimiento en el que habían depositado muchas esperanzas. El Ministerio Público aconseja a los damnificados olvidarse de la causa penal y recurrir a la vía contencioso-administrativa. Por si aún lo desconoce el nuevo fiscal, AVVI subraya que se mantienen abiertos al menos cinco procesos contencioso-administrativos relativos a la venta de las fatídicas 32 promociones, algunos de los cuales han levantado enormes expectativas entre las familias afectadas. Pero los damnificados también son conscientes de que este tipo de vía legal “es más larga y lenta aún que la penal y que la justicia lenta deja de ser justicia o es justicia de muy baja calidad”, en palabras de AVVI.
En este marco, hace unos meses conocieron una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 que declara “totalmente nula” la resolución del IVIMA por la que adjudicó a Azora Gestión el contrato de enajenación de las 32 promociones “por el precio de 201.000.0007 euros”. En el fallo, que ha sido recurrido por la Comunidad de Madrid y la propia Azora, el tribunal “no entiende por qué dejan de ser necesarias dichas promociones [tal y como ha argumentado el Gobierno regional], cuando juntan un total de 2.935 viviendas, que cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna, bien en régimen de alquiler, bien en ese mismo régimen con opción a compra, que se hallaban ocupadas en un 80%”.
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