Según declaraciones del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, mañana viernes, 1 de diciembre de 2023, el Consistorio procederá al cierre del Centro Deportivo Newman. A tenor de la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de San Blas-Canillejas, es una decisión correcta y que apoya plenamente, ya que lleva pidiéndola desde el momento mismo en que se inició la construcción de la instalación.
El establecimiento deportivo incumple de manera flagrante la normativa municipal. En 2003, la Corporación cedió por 75 años a la Fundación Internacional de Educación unos terrenos municipales para la construcción de un centro educativo concertado. Los titulares del centro, por su cuenta y riesgo, haciendo de su capa un sayo, decidieron levantar junto al colegio una instalación deportiva privada abierta al público en general siempre que se abonen las tarifas estipuladas, como en cualquier gimnasio privado. Es decir, saltándose a la torera los términos de la concesión, los titulares abrieron un negocio lucrativo en un suelo público habilitado únicamente para usos escolares.
Más aun, al iniciar la construcción ocultaron al Ayuntamiento sus verdaderas intenciones, pues nunca -según han afirmado en distintos momentos los portavoces municipales- comunicaron que se fuera a hacer un centro deportivo independiente de la actividad docente. Parece que ahora, por la vía de los hechos consumados, pretenden que se dé por buena una actuación contraria a la normativa.
No sorprende que una vez más el colegio Newman se vea envuelto en la polémica y el escándalo. Hay que recordar que en los inicios del centro educativo se pedía a las familias que hicieran aportaciones de 4.000 euros para ayudar a la construcción o que no hace mucho tiempo la Comunidad de Madrid tuvo que prohibirle que premiara con un punto adicional la matriculación al alumnado cuyas familias contribuyeran con 1.800 euros. Se trata de prácticas obviamente no permitidas al tratarse de un centro concertado mantenido con fondos públicos.
Por tanto, la coordinadora vecinal reitera su apoyo a la decisión del Ayuntamiento, toda vez que no supone otra cosa que la restauración de la legalidad, lejos de la impunidad que algunos pretenden.