El pasado 16 de junio, el Ayuntamiento de Madrid “inauguró” el nuevo mandato con la aprobación de una polémica medida: una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles del 5,7% anual para los próximos 10 años. Una medida que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) calificó de disparate toda vez que duplica la inflación en un momento en que la ciudadanía está sufriendo el azote de la crisis económica.
Apenas unos días después, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, anunciaba en el debate del pleno municipal que el Ayuntamiento de Madrid estudia solicitar al Estado una modificación legal que permita la integración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el IRPF con el fin de que su cuantía se adecue a la capacidad económica, el nivel de ingresos y las circunstancias personales y familiares.
El anuncio es, a juicio de la FRAVM, una cortina de humo creada por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón para intentar mitigar el descontento provocado por el desmedido incremento del IBI y desviar la responsabilidad de la subida hacia el Ejecutivo central. A este respecto, la federación recuerda que ninguna de las medidas propuestas por el Partido Popular en el estado de debate de la nación celebrado esta semana hacía referencia al IBI y que los ayuntamientos no tienen capacidad de iniciativa legislativa. Considerando todo lo ello, si el equipo de Gobierno de Gallardón quiere mitigar el impacto de la actualización catastral, no debe demorar la única medida que puede adoptar: reducir el tipo a aplicar sobre los valores catastrales.
