“Nos quedamos atónitos cuando, a la media hora de estar concentrados en la acera que se halla frente a la Asamblea de Madrid, recordando a la Comunidad que los acuerdos firmados con las asociaciones vallecanas en agosto de 2006 no se han cumplido y además adeudan a varias asociaciones de vecinos 200.000 euros, apareció un helicóptero a observar una concentración de 25 personas y a los 10 minutos tres coches de la Policía Nacional y tres de la Policía Municipal a decirnos que no se podía usar megafonía y a instarnos a callarnos porque no teníamos autorización”, relata Francisco Gañán, presidente de la asociación vecinal Norte Albufera, antes de continuar: “la concentración siguió como estaba previsto hasta las 6 de la tarde a voces pero sin megafonía, terminando con el dicho popular ya reiterado de ‘y si nos hacen caso volveremos otra vez’ y esto será el próximo jueves a las 5 de la tarde con o sin permiso de la Delegación del Gobierno”.
“Esto clama al cielo, es indignante. Ya la semana pasada un policía trató de sobrepasarse y ahora envían hasta un helicóptero”, se quejó ayer Mariano Monjas, de Los Pinos de San Agustín, para asegurar que volverán a la Asamblea “cada jueves hasta que se pague lo que se nos debe”. A las citas, tal y como ha hecho en las cinco manifestaciones precedentes, no faltará el famoso Gallo Vallecano, mascota que persiguió insistentemente a Gallardón cuando era presidente de la Comunidad de Madrid y que ahora ha renacido para hacer lo propio con Esperanza Aguirre.
Las tres entidades vallecanas realizaron en enero de 2007 una inversión de 45.000 euros cada una para abrir los CAPI. Lo hicieron en el marco del Plan Vallecas y a instancias de la Viceconsejería de Innovación Tecnológica. Desde entonces, con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), no han cesado de reclamar unos adeudos que las han arrojado a una situación de colapso financiero. Y es que además de los 135.000 euros de la inversión inicial, la Comunidad les debe 70.000 euros de una subvención de Juventud y otros 70.000 euros en concepto de ayudas para el alquiler de los locales. Y a todo esto hay que sumar 18.000 euros que se han visto obligados a pagar en concepto de intereses.
