Las agresiones a los derechos de la ciudadanía madrileña siguen produciéndose diariamente. El Gobierno autonómico continúa ejerciendo una violencia institucional desmedida contra todo lo público en su camino por la privatización de todos los servicios que deben estar en manos de las Administraciones públicas. Cualquier idea que se les ocurre para demoler la escuela pública, es puesta en marcha. Los recortes generalizados en todas las partidas públicas son más que evidentes y la eliminación de las plantillas de los centros educativos es una triste realidad que nos lleva al suicidio social en materia educativa. Pero todas sus actuaciones serán revertidas, más pronto que tarde, si continuamos luchando contra ellas.
Todos los indicadores que miden el sistema educativo madrileño no hacen más que alertar de forma muy preocupante a cualquier persona interesada en el bien común y en el progreso de nuestra sociedad. Los escandalosos fracasos, incluso de las medidas denominadas “estrella” por el Gobierno autonómico, no hacen sino demostrar que gobernar mediante titulares mediáticos puede dar frutos electorales a corto plazo pero es demoledor cuando el tiempo demuestra lo que en realidad estos tienen detrás. Sin embargo, y aunque busquen lo contrario, la Escuela Pública sigue siendo la mejor y no vamos a consentir que eso cambie.
La Comunidad de Madrid es una región que su Gobierno autonómico se empeña en vender como la “locomotora de España”, pero nada más lejos de la realidad. Ocultar los datos reales, como hace este Gobierno, no hace que la situación desaparezca de nuestro día a día. El derecho a la educación para tod@s está siendo atacado de forma brutal y debemos defenderlo.
En educación, por ejemplo:
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Entre cuarenta y cincuenta mil alumnos y alumnas están siendo expulsados del sistema educativo con cada nuevo curso escolar.
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Más de cuatrocientas mil familias de la Comunidad de Madrid tienen serias dificultades incluso para evitar que sus hijos e hijas pasen hambre mientras que están en el centro educativo asistiendo a sus clases.
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Al menos esa misma cantidad tienen que mandarlos sin los libros de texto ni el material curricular porque el incumplimiento del mandato de gratuidad de la enseñanza obligatoria les obliga a tener que afrontar unos costes que no pueden asumir.
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Más de veinte mil personas quieren cursar Formación Profesional, y más de cincuenta mil quieren ser llevados por sus familias a una Escuela Infantil, pero en ambos casos desisten por falta de plazas o por las altas tasas y cuotas.
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Al menos unos diez mil alumnos y alumnas han tenido que abandonar sus estudios universitarios, y muchos otros no los empiezan, por las escandalosas tasas existentes en nuestra Comunidad, las más altas de todo el país, que duplican y triplican incluso las que han fijado otras Comunidades Autónomas.
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A esto se añade el cierre de Grados en las universidades públicas madrileñas, por ejemplo, cerca de una decena en la Universidad Rey Juan Carlos.
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Las plantillas docentes públicas se recortan año tras año. Junto con la expulsión de los interinos, asistimos a la no reposición de los efectivos que se pierden por jubilaciones u otras circunstancias. Anunciar cerca de doscientas plazas de oferta de empleo público, argumentando falsamente que no se puede reponer más del diez por ciento, supone que perderemos casi otros mil ochocientos docentes en la red pública.
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La pérdida constante y paulatina de otros profesionales de los centros educativos han puesto en serio peligro todas las medidas que tratan de garantizar la equidad del sistema.
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La eliminación de recursos de apoyo para el alumnado que necesita cualquier medida específica, es una triste e inaceptable realidad.
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La intención de cerrar más centros educativos públicos para el próximo curso escolar, es una amenaza más que cierta. A la decena y media del curso anterior, se suman los anuncios ya realizados en tres distritos de Madrid, así como en otros municipios.
Y podemos seguir dando muchos ejemplos más, por desgracia.
Ante esta situación, la Plataforma Regional tiene la obligación de seguir movilizando a la ciudadanía como ha venido haciendo en los últimos años. Las organizaciones que la integran, que configuran la Comunidad Educativa madrileña y que la ciudadanía conoce como Marea Verde, continuarán luchando contra este ataque a los derechos de la ciudadanía con todos los medios a su alcance. Las manifestaciones como las del pasado 27 de marzo; las huelgas educativas, como las que se han realizado en nuestra Comunidad y en el conjunto del Estado; las concentraciones ante los centros educativos y las instituciones; las Asambleas de las comunidades educativas, ya sea en los centros educativos o convocadas por las plataformas locales, autonómica y estatal; los congresos educativos para definir el modelo educativo que sustituirá a la LOMCE; la Consulta Ciudadana por la Educación, que en la Comunidad de Madrid tuvo una gran impacto real y todas las actuaciones que se han vendo desarrollando, no hacen más que marcar el camino a seguir, basado en lo mucho y bueno que hemos realizado entre todos.
