La comunidad educativa de la región está que arde con las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Tanto, que en septiembre no está aún garantizado que las clases vayan a comenzar en la escuela pública. Precisamente la convocatoria de una posible huelga de profesores en el arranque del nuevo curso planeó durante toda la asamblea que tuvo lugar ayer en el IES San Isidro. Medio millar de personas se dieron cita en el salón de actos del centro educativo para asistir a una reunión del Consejo de Plataformas que había sido convocada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública para analizar la situación creada con la emisión de las instrucciones de inicio de curso. El despido encubierto de aproximadamente 3.000 docentes más en la escuela pública y la desaparición de las tutorías grupales fueron los dos puntos fuertes de una reunión marcada por un sentimiento de rechazo absoluto a las nuevas instrucciones.
Para la Plataforma, que está formada por las centrales sindicales CCOO, UGT, STEM, el Sindicato de Estudiantes, el Movimiento de Renovación Pedagógica, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos y la FRAVM, las tres horas de reunión, “en un acto convocado a finales de julio, con un salón de actos lleno y con gente de pie que no pudo acceder con facilidad, dan muestra de que la comunidad educativa está indignada con la Consejería de Educación por las actuaciones que ésta desarrolla para intentar acabar con la escuela pública por todos los medios que tiene a su alcance”.
Entre los acuerdos se se tomaron en el cónclave destacan “la necesidad de que la respuesta sea conjunta de toda la comunidad Eeucativa, intentando en la medida de lo posible que el ejercicio del derecho a la huelga, que parece cada vez más imprescindible, sea compatible con los derechos del alumnado y de sus familias”.
Una idea surgió de forma recurrente durante toda la reunión: la Consejería de Educación ha provocado una situación tan grave que, con las instrucciones dictadas, no se puede comenzar el curso con todas las garantías de calidad que la enseñanza necesita, motivo por el cual todos los sectores de la comunidad educativa coinciden en que dichas instrucciones deben ser anuladas y el profesorado despedido, mediante un ERE público encubierto, debe volver a ser contratado.
Si la gestión económica de la Comunidad de Madrid ha sido tan mala, ya que se argumenta falta de recursos económicos, la presidenta de la Comunidad tendrá que dar explicaciones de por qué sigue dando dinero a la iniciativa privada y ampliando las desgravaciones fiscales para ir a los centros privados, o por qué beneficia a la Conferencia Episcopal para un acto religioso privado con tanta diligencia y generosidad, mientras sigue despidiendo docentes. “¿Cuáles son sus prioridades?” se pregunta la Plataforma en el comunicado.
