Hace ya varios años, algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno regional en relación a la gestión de la sanidad pública hacían presagiar que los ciudadanos y profesionales de la sanidad no tardarían en sufrir las consecuencias de la progresiva privatización del servicio. Fue entonces cuando varias organizaciones, entre ellas la FRAVM, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, CCOO, UGT y la Sociedad española de Medicina General acordaron constituir la Plataforma 10 Minutos de la Comunidad de Madrid (P10Madrid) con el objeto de lograr ‘una Atención Primaria de Salud que preste un servicio sanitario público, accesible, digno y de calidad a todos los madrileños y que cuente con la organización y los recursos necesarios para ello’.
Algunas de estas organizaciones se dieron cita el pasado 19 de mayo, urgidas por una situación de la Atención Primaria que en Madrid es ‘especialmente preocupante’ y se caracteriza por la falta de recursos profesionales; la demora en las citas para medicina de familia, pediatría y enfermería, que en algunos casos puede superar los 10 días; las elevadas demoras tanto para pruebas diagnósticas como para los especialistas, lo que dificulta la capacidad de resolución de la AP; el exceso de tareas burocráticas; la falta de adecuación de los tiempos de atención a los ciudadanos y la total ausencia de cauces de participación social y profesional.
A todo ello, la Plataforma suma ‘el progresivo desmantelamiento y abandono por parte de los responsables de la consejería de Sanidad con el horizonte de ser próximamente privatizada’, en el marco de una política de privatización y deterioro de los servicios públicos ‘que el Gobierno del PP viene ejecutando en la Comunidad de Madrid desde hace años’.
Por tanto, la Plataforma entiende ‘que es precisa la unidad de acción de todas las organizaciones que la componen en la defensa de la Atención Primaria y la sanidad pública de la Comunidad de Madrid y su articulación y cooperación con el resto de las organizaciones, movimientos, profesionales y ciudadanos que busquen estos mismos fines evitando las maniobras de destrucción de los servicios públicos de la actual Administración de la Comunidad de Madrid’.
