La imputación y posterior dimisión de Salvador Victoria como consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid es un indicio más de la corrupción que existe en el seno del Gobierno de la región, que afecta especialmente al Canal de Isabel II ya que Victoria es el presidente tanto del ente público Canal de Isabel II como de la sociedad anónima Canal Gestión.
Este no es un hecho aislado en esta empresa, ya que José Manuel Serra Peris, imputado en el caso Bankia, es también miembro del Consejo de Administración y preside nada menos que el Comité de Auditoría de Canal Gestión, órgano encargado de velar por el rigor de la información financiera y todo lo relacionado con la supervisión de la misma. Además, algunos medios apuntan a que hay otro miembro del Consejo de Administración que está siendo investigado por la policía por su eventual vinculación con la trama Púnica. Por otra parte, Cristina Cifuentes, actual candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, es miembro del Consejo de Administración del ente público Canal de Isabel II.
Ninguna de las personas aludidas ha dimitido de los órganos de dirección del ente público o de Canal Gestión, una muestra de la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas con que se gestionan ambos organismos.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II reclama al nuevo gobierno regional que aplique el Acuerdo por la Gestión Pública del Agua impulsado por la plataforma para garantizar una gestión pública, transparente y participativa del CYII. Algunas de las medidas que debería adoptar son:
– Recuperar la titularidad 100% pública del Canal retornando su condición jurídica a entidad pública empresarial, un modelo que ha demostrado su eficacia a lo largo de muchos años. La gestión habrá de ser pública, sin ánimo de lucro, como un servicio de interés general.
– La gestión del Canal deberá realizarse con criterios de participación, eficiencia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas, garantizando el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
– Crear un Observatorio del Agua como órgano de participación ciudadana, para controlar y evaluar la gestión del Canal de Isabel II.
– Realización de una auditoría económica del Canal de Isabel II Gestión SA para conocer el estado de las inversiones realizadas, la deuda financiera contraída y la justificación de los beneficios obtenidos en los últimos años, especialmente desde el inicio del intento de privatización en 2008.
