Organizaciones sindicales, vecinales y ecologistas piden al Gobierno y a los grupos de la Asamblea de Madrid que modifiquen la Ley del Suelo para prohibir la construcción de centrales térmicas en nuestra comunidad. La iniciativa es continuación de una Iniciativa Legislativa Municipal promovida al final de la pasada legislatura por las citas entidades y siete ayuntamientos de la región.

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y la Asociación de Vecinos de Morata, CC.OO. y UGT, Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asociación El Soto y Fuentidueña Limpia y Necesito Respirar de Villamanrique se han dirigido al Gobierno regional y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para pedir que se modifique la Ley del Suelo de la Comunidad a fin de que en su territorio no se permita la construcción de “centrales de producción de electricidad a partir de procesos de combustión u otros procesos térmicos equivalentes, cuya potencia térmica sea superior a 500 megavatios”. La iniciativa da continuidad a una Iniciativa Legislativa Municipal presentada en la anterior legislatura y respaldada por siete Ayuntamientos de Madrid que representan, a su vez, a más de 140.000 electores, es decir, más del doble de lo establecido por la legislación para estos casos ( tres consistorios en representación de, al menos, 50.000 electores según establece la ley 6/1986 de 25 de junio). A pesar del respaldo popular y de la adhesión a la iniciativa de los ayuntamientos de Algete, Arganda del Rey, Cadalso de los Vidrios, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y San Sebastián de los Reyes, una coyuntura política marcada por la disolución de las Cortes Regionales impidió el debate en la Asamblea. La propuesta apunta a establecer una disposición adicional a la Ley del Suelo (9/2001 de 17 de julio) para impedir la construcción de centrales térmicas basándose en el impacto que las plantas generadoras de electricidad provocan sobre el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Una medida preventiva de este tipo resulta especialmente necesaria en una región como Madrid, en la que la calidad del aire roza y, en no pocas ocasiones supera, los valores límites de contaminantes dispuestos por la directiva comunitaria 1999/30/CE. Conviene aclarar, asimismo, que la limitación propuesta no afecta al aprovechamiento de energías renovables (solar, eólica, hidráulica o geotérmica), ni a la producción de electricidad a partir de biomasa, dos procesos cuyo potencial supera ampliamente el impacto medioambiental que provocan. La FRAVM considera que éste es buen momento para volver a promover esta iniciativa en respuesta, primero, a la amplia sensibilidad que la oposición a las centrales ha generado y aprovechando que el nuevo Gobierno regional ha manifestado su interés en modificar la Ley del Suelo. Recordemos que, en su discurso de investidura, la nueva presidenta, Esperanza Aguirre, prometió que su equipo de Gobierno trabajará para lograr ‘el máximo consenso’ para modificar la ley 9/2001 y que supeditará toda la política de ordenación territorial al medio ambiente. Tampoco debemos olvidar que el número propuesto de centrales a implantar en todo el país supera ampliamente las necesidades de generación contemplados en los planes de la Administración central y que en Madrid, las previsiones apuntan a la creación de seis nuevas centrales con una potencia total de 5.000 megavatios que estarían funcionando antes del 2010. Esto se traduce en 16 millones de toneladas de CO2 al año más en una región, la de Madrid, especialmente azotada por las agresiones medioambientales. Suma y sigue. Todo apunta a que la alarmante proliferación de centrales se debe a la presión generada por las grandes compañías eléctricas ante la inminente liberalización de la generación de electricidad que establece la Ley del Sector Eléctrico. En este contexto, la Federación entiende que es necesario iniciar un debate serio sobre el abastecimiento energético de Madrid, que ha de hacerse sobre la base del ahorro y las energías renovables.