La Mesa del Agua de Madrid, integrada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), los sindicatos UGT y CC OO, Ecologistas en Acción y la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU-Madrid), ha pedido por registro al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y más en concreto al presidente del Canal de Isabel II y vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, el contenido de los informes realizados por cuatro consultoras privadas el pasado mes de junio, y cuyo objetivo último era acometer la privatización del 49% del Canal de Isabel II.

Esta petición se hace ante el silencio que el Gobierno Regional ha mantenido sobre el contenido de estos informes, reclamados por la Mesa del Agua el pasado 28 de diciembre en una nota de prensa pública. Los motivos por lo que la Mesa del Agua vuelve a solicitar -esta vez de forma oficial- estos informes son los mismos que los que impulsaron la primera petición, y no son otros que conocer de primera mano la posible viabilidad económica, jurídica y social de la privatización del Canal de Isabel II. Entendíamos entonces, y seguimos entendiendo ahora, que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tienen derecho a conocer el contenido de unos análisis que afectan a la gestión de un servicio tan fundamental y prioritario como es la gestión del agua, y mucho más si tenemos en cuenta que los 1.114.235 euros que han costado los ya mencionados informes se han pagado con dinero público. Insistimos en que la Comunidad no puede hurtar esta información a los ciudadanos

Por último, además de reafirmarnos en nuestra oposición a la privatización de la gestión del agua en Madrid, insistimos en conocer conocer cuáles son los posibles beneficios que van a obtener los ciudadanos con la privatización de una institución que, como el Canal de Isabel II, garantiza un suministro de agua de alta calidad, con un notable grado de eficacia, a un precio socialmente sostenible y que además obtiene beneficios –90 millones de euros en el último ejercicio–, al tiempo que mantiene intactas sus posibilidades de inversión y potencia la confianza de los ciudadanos en los representantes públicos.

Al mismo tiempo, exigimos al Gobierno regional que aclare de una vez en qué términos se va a producir la privatización; en qué situación quedarán las importantes infraestructuras que posee; cuál será la relación con la Confederación Hidrográfica del Tajo; qué va a ocurrir con los convenios firmados con los Ayuntamientos y, sobre todo, cuál será su influencia sobre las tarifas de un mercado cautivo de más de seis millones de ciudadanos.