A la convocatoria de la FRAVM y Ecologistas en Acción en Madrid se sumaron ayer otras concentraciones en las ciudades de Alicante, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Gandía, Mataró, Valencia y otras europeas.

Ambas organizaciones demandan un cambio de la normativa estatal y autonómica con criterios de prevención y precaución y financiación publica para la investigación independiente sobre los efectos para la salud derivados de estas emisiones y denuncian el incumplimiento del programa electoral del PSOE, que observaba reducir los niveles máximos de exposición a la contaminación electromagnética La legislación estatal actualmente vigente fue aprobada por el Gobierno del PP atendiendo sólo a los intereses de las grandes operadoras. El actual Gobierno español está aplicando en la práctica la misma política que su predecesor, incumpliendo claramente el programa electoral del PSOE, que se comprometía a aprobar una normativa de niveles de exposición muchos más restrictivos. El mismo compromiso adquirió la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en una reunión mantenida con vecinos afectados por antenas de telefonía el mes de mayo de 2005.

Es evidente que las administraciones anteponen los intereses económicos a la salud de las personas. Hasta el momento, las administraciones sanitarias sólo han aceptado los estudios que tranquilizan a la población. Dos recientes estudios de campo, uno de Alemania y otro de Israel, han constatado un aumento de entre 3,5 y 4,15 las probabilidades de contraer cáncer en el radio de acción de 400 metros alrededor de una antena de telefonía móvil. El Proyecto Reflex, un estudio financiado por la Unión Europea, en el que han participado 12 países, entre ellos España, concluye que las ondas electromagnéticas de la telefonía móvil producen alteraciones del ADN que transporta la información genética en el núcleo de las células y cambios en éstas. Diversas conferencias internacionales de prestigiosos científicos independientes alertan sobre los posibles efectos y riegos en la salud pública (Declaraciones de Viena 1998, Salzburgo 2000, Roccaraso 2000, Alcalá de Henares 2002, Catania 2002, Friburgo 2002 y Benevento 2006). En el estado español, la Declaración de Alcalá de Henares; así como investigaciones epidemiológicas publicadas en revistas científicas de prestigio, han señalado efectos biosanitarios de las emisiones de la telefonía móvil a niveles de radiación radioeléctrica miles de veces inferiores a los que se han adoptado en la normativa estatal. Por tanto, las organizaciones convocantes consideran necesario el desarrollo de un programa público estatal e independiente, no subvencionado por las operadoras de telefonía, que estudie los efectos sobre la salud pública de la contaminación electromagnética, particularmente sobre aquellas personas denominadas electrosensibles, así como un cambio en la normativa que garantice la aplicación efectiva del principio de precaución para los posibles efectos biosanitarios y del principio ALATA (la mínima emisión técnicamente posible); la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones y la normativa sobre control del espacio radioeléctrico teniendo en cuenta los ya ampliamente demostrados efectos; el establecimiento de un valor límite de exposición ciudadana a la contaminación electromagnética; la obligación, para las empresas de telefonía, de informar y justificar la instalación de estaciones base, así como de estudiar localizaciones alternativas, todo ello con la participación activa de la ciudadanía en el ámbito local.

Tanto la FRAVM y Ecologistas en Acción como el resto de entidades que, en otras ciudades del Estado convocan la concentración, instan a elaborar un mapa radioeléctrico urbano que refleje el conjunto de emisiones radioeléctricas en tiempo real y de forma continua y exigen la prohibición expresa de establecer zonas libres de emisiones radioeléctricas, como los alrededores de escuelas, hospitales y áreas residenciales. Proponen, asimismo, la creación de una base de datos pública que incluya todas las estaciones base y de una comisión interministerial compuesta por las carteras de Sanidad, Industria y Medio Ambiente que coordine el despliegue de redes con criterios de prevención y con la participación activa de agentes sociales, organizaciones medioambientales científicos y técnicos independientes.