En lo que ha supuesto un paso muy importante en la coordinación y organización de las agrupaciones europeas contra la contaminación electromagnética, el encuentro de Bruselas estuvo patrocinado por la eurodiputada francesa de los Verdes/ALE Michèle Rivasi y contó con la participación Bernardo Hernández Bataller, en calidad de representante de la sección especializada TEN del Comité Económico y Social Europeo (CESE). La sociedad civil española estuvo representada por varios delegados la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM),de la que forma parte la FRAVM.
Las diez entidades sociales que acudieron a la cita vivieron una jornada intensa, larga y muy productiva. Tal y como informa Julio Carmona, del Grupo de Coordinación de la PECCEM, en una reunión por la mañana las asociaciones valoraron las numerosas adhesiones de personalidades y organizaciones de 25 países al Manifiesto Europeo de apoyo a una futura ICE por una regulación proteccionista a la exposición a los campos electromagnéticos, en la línea propuesta por la Resolución 1815 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. El documento ha recibido el apoyo de numerosos científicos, expertos, asociaciones profesionales y organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, de consumidores, de madres y padres, de defensa de la salud, y de personas afectadas por síndromes de sensibilización central (como la fibromialgia, la sensibilidad química, la electrosensibilidad o la fatiga crónica). Los congregados también aprovecharon para poner en común “documentos proteccionistas claves desarrollados durante 2015, como el Llamamiento Internacional de alerta de científicos que estudian sobre campos electromagnéticos, el Dictamen proteccionista sobre hipersensibilidad electromagnética de la sección TEN del CESE, y las Directrices europeas de actuación en campos electromagnéticos de la Academia europea de Medicina ambiental.
Por la tarde, ya en la sede del Parlamento Europeo las organizaciones se centraron en la necesidad de elaborar el texto de una ICE que abogue por reducir la exposición a los campos electromagnéticos y aborde el tema de la electrosensibilidad, basándose en la citada resolución “para realizar los cambios legales y educativos necesarios para minimizar la exposición a los campos electromagnéticos”. Los colectivos proponen avances como la disminución de los límites de exposición, escuelas con conexión a internet por cable en vez de Wi-Fi, campañas de información y educación sobre los riesgos y mejores prácticas para reducir a exposición, además de la adapción de “medidas apropiadas para proteger a las personas electrosensibles (EHS)”, lo que incluye la creación de “zonas blancas” sin exposición a campos electromagnéticos.
Por su parte, Bernardo Hernández Bataller expuso el dictamen aprobado el 7 de enero de 2015 en el órgano consultivo que representa, aconsejando el reconocimiento integral de la electrohipersensibilidad (EHS) y la puesta en práctica de medidas proteccionistas, algunas de ellas ya recogidas en el Plan de rescate para las personas afectadas por síndromes de sensibilización central aprobado recientemente en Tarragona. Además, Michèl Rivasi informó de algunas medidas para reducir la contaminación electromagnética aportadas por la Ley Abeille de 2015 en Francia, como considerar zonas libres de Wi-Fi las guarderías y otras instancias para menores de tres añosy, en el plano judicial, el reconocimiento de la electrohipersensibilidad como causa de discapacidad funcional.
Tras el encuentro en Bruselas, la PECCEM se congratula “de abrir de nuevo el debate de una posible Iniciativa Ciudadana Europea por una regulación proteccionista a la exposición a los campos electromagnéticos que inste a los estados a adoptar las recomendaciones expuestas en la Resolución 1815 de la APCE, actualmente ignoradas sistemáticamente en el Estado español”. Algo que sucede, recuerda la Plataforma, “a pesar de las resoluciones de los parlamentos Vasco y Navarro, o de las recomendaciones del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia a favor de aplicar dicha resolución, así como de las alertas de científicos, expertos e investigadores de universidades y centros hospitalarios públicos de diferentes comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco, Valencia…) que han sido apoyadas por organizaciones sociales en numerosos ámbitos”.
