Hace apenas un mes, el Tribunal Supremo condenaba a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a indemnizar con 30.000 euros a cinco vecinos de la urbanización madrileña Santo Domingo (Algete), al declarar vulnerado su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria a consecuencia del ruido producido por el sobrevuelo de aviones del aeropuerto de Barajas, al concluir que el ruido es ‘suficiente, por su entidad, naturaleza y duración, para generar molestias que lo trastornan más allá de los límites aceptables’. Santo Domingo, sin embargo, no ha sido incluida en la huella del ruido “actualizada” que AENA publicaba ayer.

Este “olvido” o “error de bulto”, sin embargo, no llama la atención. A finales del mes de junio de 2007 el ente hacía pública una huella basada en datos anteriores a la puesta en funcionamiento, en febrero de 2006, de la T-4 y en unos procedimientos operativos que habían sido modificados hasta en ocho ocasiones antes de la publicación del mapa estratégico del ruido. En sus alegaciones al documento, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) denunciaba la falta de rigor y objetividad de unos estudios que habían dado lugar a una huella que tenía, por tanto, “escaso valor para determinar el nivel real de afección acústica del aeropuerto”.

Al parecer, la historia se repite. A la exclusión de Santo Domingo se suma otro dato curioso: AENA determina que el ruido al pie de las cuatro pistas es de ¡”75 decibelios o más”!

Por todo ello, la FRAVM insiste en que AENA no puede ser juez y parte a la vez en la determinación de los niveles de ruido que sufre el más de medio millón de vecinos afectados por la contaminación acústica del aeropuerto de Barajas y pide, una vez más, una participación directa y efectiva de todas las partes implicadas en los órganos de seguimiento y control de la contaminación acústica del tráfico aéreo del aeropuerto: vecinos afectados, técnicos (controladores y pilotos), compañías aéreas y administraciones locales. Andrés Martínez, portavoz de la FRAVM, insiste en que que “mientras dependan únicamente de AENA, de la Dirección General de Aviación Civil, de un Ministerio de Medio Ambiente que actúa como convidado de piedra y de unos ayuntamientos interesados en que la huella no afecte el desarrollo de determinados crecimientos urbanísticos, la salud y el bienestar de los vecinos del entorno no parecen importar a nadie”. Subraya, a este respecto, que “a pesar de que el Congreso de los Diputados aprobó el 18 de septiembre de 2007 la participación de la FRAVM en los órganos de control del ruido esta organización no ha sido convocada ni una sola vez a sus reuniones de trabajo, un gesto que pone de manifiesto que `el compromiso con una transparencia total en el proceso de actualización del mapa estratégico del ruido’ del que hace gala AENA en una nota de prensa remitida ayer es una falacia más”.