La degradación de la educación pública que la política del Gobierno regional está favoreciendo con su política no es noticia. Se suceden en nuestra comunidad la cesión de parcelas públicas para favorecer la construcción de escuelas privadas o concertadas, muchas de ellas ligadas a grupos religiosos y el incremento de las partidas presupuestarias destinadas a estos centros en detrimento de los públicos. Todo ello ha activado la unánime respuesta de padres y madres de los alumnos y profesores, que a lo largo del mes de mayo han promovido paros parciales por la mañana y por la tarde en los centros de Primaria y Secundaria, respectivamente, y han participado, junto con el alumnado en varios encierros llevados a cabo en escuelas, colegios, institutos y centros de adultos de 33 localidades de la región para reivindicar más inversiones para la escuela pública y más recursos para mejorar la calidad de la enseñanza madrileña en todas sus etapas. La campaña de movilizaciones concluyó ayer por la tarde con una manfestación convocada por CC OO, UGT-FETE Enseñanza, CSI-CSIF, STEM y CSIT y que secundaron miles de vecinas y vecinos, que cubrieron el recorrido entre la plaza de Cibeles y la sede de la Consejería de Educación. Los sindicatos pidieron al Gobierno de Madrid que coloque a la educación en el centro del Plan de Medidas para la recuperación económica que nuestra región necesita. “España ocupa los primeros puestos en cifras de fracaso académico. Mientras los gobernantes de regiones de igual nivel económico se preocupan de mejorar la educación, el Gobierno autonómico está ocupado en privatizar y conformar un sistema educativo de pésima calidad, selectivo y excluyente -alegan-. Todos los programas de educación van a sufrir recortes cercanos al 9%. La inexistencia de oferta pública en los nuevos barrios se mantendrá, la demanda de plazas en Educación Infantil o FP seguirá sin ser satisfecha, las elevadísimas ratios no bajarán, la falta de personal de atención a la diversidad se agudizará y el plan de atención preferente a la Educación Secundaria no se podrá aplicar. Las familias ven recortadas las ayudas en la pública, mientras en la privada desgravan gastos”.Por todo ello, reclaman “el fin de las políticas de agresión al servicio público”, que el Gobierno regional destine financiación suficiente y sostenida para la Enseñanza Pública y que dignifique las condiciones laborales de los profesionales. Piden, asimismo, el restablecimiento del diálogo con los agentes sociales y las organizaciones educativas ya que “la situación requiere el esfuerzo concertado de todos”.