El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, su vicepresidenta, Elena Sigüenza, su responsable de Urbanismo y Vivienda, Quique Villalobos, y el vicepresidente de la CEAV, Manuel Osuna, han recibido al ministro en la sede de la federación madrileña, en el Espacio Vecinal Paco Caño de Lavapiés, lugar donde han dialogado sobre estrategias y medidas que pongan freno a la expansión de los pisos turísticos y protejan el parque residencial para garantizar el derecho a una vivienda digna de la población.
En una comparecencia que ha tenido lugar en los momentos previos al encuentro, Nacarino ha valorado los cambios de la Ley de Propiedad Horizontal (LHP) que son de aplicación desde el día de hoy como un “éxito y una reclamación histórica del movimiento vecinal”. Y ha recordado que el 4 de julio del año pasado una delegación de la CEAV trasladó Bustinduy en una reunión celebrada en Málaga una propuesta de modificación de la LHP elaborada por la FRAVM en la línea de los cambios finalmente aprobados por el Gobierno central .
Por su parte, el ministro también ha reconocido esta actualización de la ley como “una victoria del movimiento vecinal frente al modelo de la especulación y de los pisos turísticos, que además demuestra que la movilización social funciona y consigue resultados. En la crisis de la vivienda que vive nuestro país hay una contraposición, un choque entre los intereses de las mayorías trabajadoras que ven cercenado su derecho a la vivienda y poderosísimos intereses económicos”, ha subrayado.
En su intervención, Nacarino ha citado otra de las novedades del día de hoy, la supresión de la “Golden Visa”, “una de las medidas que ha facilitado que buena parte de los multimillonarios del mundo llegaran a Madrid y se compraran barrios enteros de la ciudad”, algo que “ha afectado y mucho a la falta de oferta de vivienda en la ciudad”.
“Y ahora es el momento -ha continuado- de que las administraciones que tienen las competencias pasen de la preocupación a la acción. Ahora hace falta, muy especialmente en el caso de la ciudad de Madrid, que el Ayuntamiento ponga todos los medios para activar la inspección en primer lugar y acabe con la vivienda de uso turístico en la ciudad, que más del 93% es ilegal”. “Y es que en esta ciudad sigue habiendo más vivienda turística ilegal que vivienda social”, se ha quejado, antes de ofrecer la colaboración de la FRAVM para acabar con un fenómeno que implica que más del 30% del parque residencial de la capital se use en estos momentos como negocio turístico. “Creemos que es muy importante que las administraciones se impliquen para trabajar con la sociedad civil en la solución a estos problemas”, ha apostillado.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 también ha señalado la responsabilidad del Consistorio madrileño en el descontrol de los pisos turísticos de la capital. “Hace apenas unos días el Ministerio de Consumo entregó un informe al Ayuntamiento de Madrid que cifra los pisos turísticos ilegales en más de 15.000. Hace un año los movimientos vecinales denunciaron 10.000 y el Ayuntamiento no hizo nada. Ahora hay más de 15.000 y la respuesta del señor Almeida ha sido decir que no piensa hacer nada”, ha criticado. 
“Quiero reiterar hoy aquí el ofrecimiento y la disposición del Ministerio de Consumo a reunirse con el Ayuntamiento de Madrid y explicarles cómo pueden hacer para acabar con los pisos turísticos ilegales. Es algo que se puede hacer. Ada Colau, cuando llegó al Ayuntamiento de Barcelona se encontró una situación parecida y consiguió retirar más de 7.000 anuncios de pisos turísticos ilegales. Impuso más de 9.000 sanciones, pero a lo largo y ancho del país hay instituciones y administraciones de todo signo político, también del Partido Popular, que están actuando para retirar los anuncios de los pisos turísticos ilegales, para poner en marcha los mecanismos de inspección y de sanción y, por tanto, para devolver esas viviendas turísticas ilegales al mercado del alquiler y que puedan dedicarse a que vivan las familias en ellas”, ha asegurado.
Por último, tras “reconocer y agradecer el trabajo organizativo del movimiento vecinal para defender el derecho a la vivienda”, Bustinduy ha instado “una vez más al Ayuntamiento de Madrid a que con la información que les hemos suministrado, ponga fin a la situación de flagrante ilegalidad de la vivienda turística en la ciudad de Madrid”.
