En nombre de la “sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó hace escasos días el Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes, en virtud del cual modifica de un plumazo el sistema sanitario español.
Desde 1986, “todos los españoles y los ciudadanos extranjeros” que tuvieran establecida “su residencia en el territorio español” tenía garantizado el derecho universal a la sanidad pública como una prestación universalizada y no contributiva de la Seguridad Social garantizando así el ejercicio de uno de los derechos humanos más básicos.
Desde el pasado 20 de abril, en España solo podrán disfrutar de ese derecho “aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”. Es decir, en adelante, la asistencia sanitaria estará relacionada con nuestra afiliación al sistema de la Seguridad Social, de forma que podrán ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud quienes pertenezcan a la Seguridad Social o sean declarados pobres: las situaciones intermedias quedan excluidas. Serán beneficiarios del sistema de salud, los trabajadores o pensionistas, quienes cobren algún subsidio o hayan agotado la prestación por desempleo, las personas que estén apuntadas en el paro y los hijos menores de 26 años o que no lleguen a un nivel determinado de ingresos. Quedan fuera, por el contrario, las personas con ingresos que no hayan cotizado nunca, aunque paguen impuestos en España (rentistas) y y las personas de origen extranjero empadronadas en España pero que carecen de tarjeta de residencia en vigor, las cuales solo recibirán atención sanitaria de urgencia, una medida, a todas luces, injusta y regresiva toda vez que los inmigrantes presentan, según diversos estudios, tasas de pobreza notablemente altas: casi el 30% de los latinoamericanos, africanos y asiáticos, frente a algo más del 18% de los ciudadanos de nacionalidad española, se hallan por debajo del umbral del 60% de la mediana de la renta.
El Gobierno español desasiste, por tanto, a un sector de la población ya de por sí vulnerable, agrava los desequilibrios sociales existentes y fractura la sociedad, toda vez que atenta contra el principio básico de universalidad del sistema sanitario, nuclear en el mantenimiento del Estado de bienestar. A juicio de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales Madrileñas (FRAVM), esta situación es particularmente injusta para los inmigrantes a quienes la situación de irregularidad les es sobrevenida por la crisis económica y el desempleo, ya que les expulsa definitivamente del sistema y les arroja casi definitivamente a la exclusión social.
Por todo ello, la federación vecinal reclama la inmediata retirada del Real Decreto y pide al Gobierno de España que adopte otras medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema que no supongan menoscabo de los derechos fundamentales para ningún sector de la sociedad.
