El encuentro, la primera reunión oficial entre el regidor y la federación vecinal en lo que llevamos de mandato, respondía a una petición realizada por esta el 12 de junio ante el incremento de la actividad solidaria de las redes en los barrios y la falta de coordinación o colaboración de un buen número de juntas de distrito.
En un ambiente muy cordial, los representantes vecinales compartieron la situación de colapso que viven muchas despensas y bancos de alimentos de barrio y la necesidad de que el Ayuntamiento asuma íntegramente la ayuda alimentaria y de productos de primera necesidad para con las familias más vulnerables. Tras responder con eficacia a la demanda urgente de comida y productos de limpieza e higiene de más de 13.000 familias y más de 45.000 personas de la capital desde el inicio del Estado de Alarma hasta el pasado 31 de mayo, las redes y asociaciones vecinales tienen claro que no pueden perpetuar esta labor y que esos hogares deben incorporarse cuanto antes y en condiciones dignas a la red de ayudas del Consistorio. Pero para que se dé este tránsito es imprescindible una buena coordinación y cooperación entre las juntas de distrito y las asociaciones vecinales, algo que, tal y como recordaron sus representantes en la reunión, la FRAVM lleva pidiendo desde que se inició el confinamiento por la Covid-19.
Martínez Almeida estuvo de acuerdo con este planteamiento y se comprometió a dar una instrucción a todos sus concejales de distrito para que se reúnan y coordinen con las asociaciones vecinales activas en ayuda alimentaria. Villalobos recordó que el 15 de abril el Ayuntamiento respondió a la petición de una mayor coordinación con la propuesta de constituir una Mesa Social en cada distrito, algo para lo que se prepararon los colectivos de la FRAVM pero que nunca logró materializarse.
Por otro lado, el alcalde anunció su intención de desarrollar en todos los distritos el sistema de tarjetas monedero para familias con necesidades alimentarias, una demanda recurrente del movimiento vecinal y de las entidades de lucha contra la pobreza y la exclusión social. “Servicios Sociales debe aumentar sus recursos porque no puede ser que ante peticiones de ayuda alimentaria en algunos distritos se estén dando citas para el año que viene”, recordó Villalobos en la reunión.
Paralización del desalojo de El Palomar de Las Tablas
Por otro lado, los delegados de la FRAVM trasladaron su malestar ante la falta de colaboración e incluso oposición de algunos concejales a la cesión de espacios públicos para uso de los colectivos vecinales, recordando casos como El Palomar de Las Tablas, la Casa del Cura de Malasaña, la plataforma La Cuba en Lavapiés o el Espacio Vecinal de Hortaleza. Almeida aseguró que estaba de acuerdo en ceder espacios a las asociaciones vecinales pero que las cesiones se debían de producir con todas las garantías. Además, aseguró que había paralizado el anunciado desalojo de El Palomar, sede de la Asociación Vecinal de Las Tablas y de una de las despensas de alimentos de la Red de Apoyo Mutuo de Fuencarral-El Pardo, lo que abre la puerta a una nueva negociación.
“Le hemos trasladado al alcalde que las asociaciones vecinales necesitan que el Ayuntamiento reconozca su labor cediendo espacios durante más tiempo y con más facilidades, firmando acuerdos más estables y duraderos. No puede ser que cada cuatro años una entidad que desarrolla importantes proyectos en el barrio tenga que enfrentarse a la espada de Damocles de tener que buscar un nuevo local”, indicó Villalobos.
Pago de las ayudas del Plan MAD-RE
Los problemas relacionados con el cobro de las ayudas del Plan Madrid Rehabilita (MAD-RE) ocuparon parte del encuentro celebrado ayer. Tal y como expuso Vicente Pérez Quintana, se calcula que en estos momentos más de 10.000 familias no pueden cobrar las ayudas a la rehabilitación de sus edificios que les concedieron en 2018 porque el Ayuntamiento no ha incluido esta partida en sus presupuestos. Ante la petición vecinal, Martínez Almeida aseguró que trasladaría la cuestión a su Área de Hacienda y Personal con el fin de que hallara un encaje económico legal y se pudiera resolver la cuestión.
Imagen: Ayuntamiento de Madrid
