El próximo domingo, la factura de la luz subirá un 3,9%. Un 3,9% más. Solo en los últimos cinco años, la factura de los consumidores domésticos españoles se encareció en casi un 70% frente una inflación acumulada, en el mismo periodo, de 12,3%. No es extraño, por tanto, que las familias trabajadoras paguen, en España, una de las tarifas eléctricas más caras de Europa, según la agencia estadística europea, Eurostat.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en línea con los planteamientos de la Confederación Española de Asociaciones Vecinales (CEAV), denuncia que los consumidores siguen sin saber a qué se deben las sucesivas subidas de la tarifa, toda vez que en España impera un sistema energético opaco e injusto que carga los costes sobre los pequeños consumidores.

La FRAVM recuerda que en la subasta Cesur participan como vendedores de energía un número elevado de intermediarios (agentes financieros) no productores. Además, como recordó hace escasas semanas el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hay centrales hidroeléctricas y nucleares, ya amortizadas, que continúan cobrando el megavatio al precio que marcan tecnologías más caras. Por todo ello y, teniendo en cuenta que el déficit tarifario con las eléctricas asciende, según el último informe publicado por la Comisión Nacional de la Energía, a 20.000 millones de euros, reclama a las administraciones públicas que, en primer lugar, pongan encima de la mesa los costes reales de cada una de las energías y, ante todo, que afronte una inversión energías renovables a gran escala que permita, a largo plazo, no solo rebajar a largo plazo las tarifas, sino también contribuir a la mejora del medio ambiente, la creación de puestos de trabajo y la posibilidad de expandir las redes de autoconsumo.