El IPC, que mide el coste de la vida, cerró 2008 con un aumento del 1,5%, la tasa de incremento más baja de los últimos diez años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este indicador, que será la referencia para las revisiones salariales de millones de trabajadores en sus próximas nóminas, debería marcar, asimismo, la tendencia general de los precios. Sin embargo, no está siendo así. No, al menos, en lo que respecta a las tarifas de algunos servicios básicos como la luz, el teléfono, el agua o el transporte público.

El Ejecutivo central ha decidido subir las tarifas de la luz a los cerca de 25 millones de hogares españoles un 3,5% de media a partir de este mes de enero, dos puntos por encima del IPC, un incremento que se suma al aplicado el pasado mes de julio, del 5,6%. La FRAVM considera inadmisible que el Gobierno de Rodríguez Zapatero castigue a las familias con menor poder adquisitivo para mantener los beneficios de las grandes compañías, una decisión que, a juicio de Francisco Caño, responsable de la comisión de Consumo de la FRAVM, “podría ser tan sólo el principio de un proceso que nos puede llevar a la liberalización total del sector y que, paradójicamente, se está realizando al amparo de un gobierno progresista que debería mostrar un mayor compromiso con los sectores de población más desfavorecidos’. El mismo argumento puede usarse, en el marco regional, para el agua, cuya tarifa sube un 2,4%. El teléfono se encarecerá un 4,12%.

También suben los transportes. Los billetes de Renfe se incrementan un 6,28% en el Cercanías y los de Media Distancia un 4%, el mismo porcentaje que sube el AVE y la Larga Distancia. En la Comunidad de Madrid, el incremento medio de las tarifas de los autobuses públicos, el tren y el Metro se sitúa en un 4,93%, a pesar de que en agosto ya se aplicó una subida de entre el 3% y el 6%. En un contexto de importante recesión económica, la imposición de un incremento acumulado del precio del transporte público que triplica el IPC en Madrid no sólo no ayuda en absoluto a los sectores más humildes sino que sirve para desincentivar el uso del transporte público. Sin salirse del ámbito de los transportes y de la movilidad, viajar por las autopistas de peaje que gestiona el Estado costará un 4,46% más de media y en Madrid, los taxis suben un 6% y los parquímetros, un 4,9%.

Por último, los ciudadanos y ciudadanas de la capital deberán afrontar un aumento medio del IBI del 12% (entre la revisión catastral y la actualización del impuesto) y el pago de un nuevo impuesto municipal, la tasa de basuras o ecotasa, que supondrá un desembolso de 59 euros de media para cada familia.

Como vemos, algunos servicios se han incrementado este año hasta cuatro veces más de lo que lo harán los salarios, un hecho que a la FRAVM le resulta del todo inadmisible, sobretodo en esta época de vacas flacas. Por todo ello, recordando luchas similares que el movimiento vecinal madrileño protagonizó en sus inicios, hace 40 años, anuncia nuevas movilizaciones contra la carestía de la vida.