Miembros de la Junta Directiva de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se han dado cita esta mañana con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, para hablar del anteproyecto de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
La FRAVM, que remitió sus alegaciones al anteproyecto, registradas con fecha de 14 de noviembre del pasado año, a los tres partidos de la Asamblea de Madrid, ha recibido al representante del PSOE, el primero de ellos en responder, al objeto de debatir e intercambiar opiniones sobre los fundamentos, principios y propuestas del Anteproyecto.
En el encuentro, los representantes vecinales han denunciado que el Anteproyecto responde a una “política territorial letal y manifiestamente insostenible” basada en un crecimiento cuantitativo y desarrollista, insensible al objetivo de hacer ciudad. La FRAVM ha denunciado con particular preocupación algunas de las motivaciones del texto, como la reclasificación, con carácter residual, del 17,5% del territorio regional; la desregulación y, con ella, la consiguiente confusión e inseguridad jurídica; la merma de las cesiones obligatorias para usos dotacionales; la prevalencia de los derechos de propietarios de suelo, promotores y empresarios urbanizadores sobre la potestad pública de planeamiento urbanístico y la supremacía de la libertad que se otorga a propietarios, promotores y empresarios frente a la potestad pública de ordenación del territorio y de planificación del desarrollo urbano. En declaraciones a la prensa, el presidente de la FRAVM ha señalado que “el Anteproyecto de la Ley del Suelo es aún más conservador que el Dictamen sobre Gestión del Suelo elaborado por la comisión de expertos presidida por Eduardo García de Enterría. Defiende los intereses de los promotores de suelo, fomenta la especulación y cercena la participación ciudadana en la planificación urbanística, algo que corrobora el hecho de que el Gobierno regional no haya contestado aún a las alegaciones presentadas por la FRAVM el 14 de noviembre del pasado año. El Anteproyecto –ha añadido- no planifica una intervención sobre la ciudad consolidada. Antes bien, fomenta crecimientos urbanísticos desordenados y carentes de planificación previa que, desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, merecen algo menos que un cero”. Simancas, por su parte, ha reconocido la importancia estratégica del Anteproyecto para resolver algunos de los problemas que, hoy en día, soportan los vecinos de Madrid. Ha mencionado, asimismo, que encarece aún más la vivienda en tanto reduce la construcción de vivienda protegida; disminuye en un 40% la obligación de reserva de suelo para equipamientos públicos; favorece el desequilibrio territorial y el deterioro medioambiental. Por otra parte, el portavoz socialista ha señalado que la política del Gobierno de Esperanza Aguirre, en lo que respecta a la política urbanística y territorial, adolece de oportunidad política en tanto el Gobierno de la Nación está elaborando un anteproyecto de Ley del Suelo estatal que, muy probablemente, se traducirá en modificaciones del texto normativo de la Comunidad de Madrid. Simancas ha hecho especial hincapié en tres de los despropósitos recogidos en el Anteproyecto: la supresión, en la fase de avance de los planes urbanísticos, del período de información pública que garantizaba la transparencia y la posibilidad de respuesta de la ciudadanía; el establecimiento del silencio administrativo positivo en la tramitación urbanística, un procedimiento que, en su opinión, favorece la corrupción y, por último, el establecimiento de las entidades certificantes, empresas privadas que tendrán la potestad de comprar suelo, construir y otorgar licencias en demérito de la transparencia.
Tanto Francisco Caño como Rafael Simancas han coincido en señalar las coincidiencias de los planteamientos que, en materia de planificación urbanística, proponen ambas organizaciones.
