El anuncio, hecho público durante el último Consejo de Gobierno del pasado año, de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid suprimirá el Consejo Audiovisual a través de la redacción de un proyecto legislativo que derogue parte de la ley 2/2001, de 18 de abril, que crea y regula este organismo constituye, en opinión de la FRAVM, un flagrante atropello a la libertad de expresión y la democracia.

En febrero de 2005, el Gobierno regional anunciaba que el Plan Integral de Fomento del Sector Audiovisual comprendía actuaciones destinadas a “…preservar los valores institucionales, los derechos de los menores de edad y de las mujeres… y la transformación del actual Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid como órgano consultivo del Gobierno en materia audiovisual, que tendrá una composición plural e independiente y contará con representación del sector audiovisual, del que se reforzará su ámbito competencial…”. Ignacio González, vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, aseguraba asimismo que “…uno de los objetivos de este Consorcio es elaborar la nueva Ley Audiovisual de la Comunidad de Madrid y la reforma del Consejo Audiovisual, que pasará a estar integrado exclusivamente por profesionales y expertos del sector”. Por otro lado, la propia presidenta destacaba, en su mensaje navideño, la necesidad de “defender la libertad, empezando por la libertad de opinar y de informar, el primer deber de todos los que queremos que la nuestra sea una democracia viva y profunda”. Apenas días después el Gobierno regional decide suprimir el Consejo que, por otro lado, no se ha reunido una sola vez durante esta legislatura, obviando los múltiples y continuos llamamientos de organizaciones representativas de la ciudadanía madrileña a constituir una autoridad reguladora del sector audiovisual de composición amplia, plural e independiente del poder político y empresarial.

La creciente degradación, banalización y espectacularización de los contenidos audiovisuales, así como la sectaria adjudicación de licencias de televisión llevada a cabo por el Gobierno regional el mes de agosto del pasado año, obligan a la FRAVM a exigir al equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre a que garantice la existencia y el funcionamiento de un Consejo Audiovisual independiente y de composición plural que fomente la dignificación de los contenidos audiovisuales y la democratización de la comunicación social.