Dos personas deberán comparecer mañana ante un juez por haber realizado valoraciones críticas sobre una intervención policial. La concejal presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, y el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, se enfrentarán en el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid a la acusación de un delito de injurias y calumnias contra la Policía Municipal. Detrás de la denuncia se encuentran dos sindicatos policiales, APMU y UPM, que además intentaron, esta vez en vano, que los acusados fueran procesados por un delito de incitación al odio. Todo por expresar mensajes que cuestionaban la versión policial del fallecimiento del joven senegalés Mmame Mbage en Lavapiés.
Por desgracia, no estamos ante un caso aislado de utilización de la Justicia para tratar de cercenar opiniones críticas y posiciones molestas. En los últimos tiempos se han sucedido episodios que suponen auténticos golpes contra un derecho fundamental, la libertad de expresión, y que marcan una peligrosa senda de involución democrática. Episodios como el procesamiento de los músicos de rap Valtonyc, Pablo Hasél y La Insurgencia, la retirada de una obra del artista Santiago Sierra en ARCO, el secuestro del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero, la imputación de Cassandra Vera, César Strawberry o Willy Toledo por la difusión de mensajes en redes sociales o la confiscación de camisetas amarillas y banderas catalanas en la final de la Copa del Rey de fútbol, acciones de corte autoritario que, muchas veces, encuentran acomodo en normas tan controvertidas como el artículo 578 del Código Penal, que recoge el delito de enaltecimiento del terrorismo, o en la denostada “ley mordaza”. Unas leyes que no solo se están usando para restringir la libertad de expresión sino otros derechos civiles como las libertades de reunión y manifestación o el derecho a informar en una huelga.
Resulta alarmante que desde que se aprobara la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, o “ley mordaza”, en 2015, se hayan impuesto más de 22.000 sanciones, es decir, se haya multado a más de 1.200 personas al mes por uno de sus artículos más usados por la policía: la falta de respeto a las fuerzas de seguridad. Y tan alarmante como este dato es el relativo a las sentencias por enaltecimiento del terrorismo: estas se han multiplicado por cinco desde que ETA abandonara la lucha armada, en 2011. ¿Alguien lo entiende?
En la misma línea, resulta escandaloso el uso y abuso que algunas instituciones y agrupaciones políticas están haciendo del delito de incitación al odio, un tipo jurídico concebido para proteger a minorías sociales particularmente vulnerables. Resulta paradójico, cuando no delirante, que la policía (en el caso de Malick Gueye y Rommy Arce dos sindicatos policiales) responda a ciertas críticas de actuaciones de sus agentes presentando denuncias por ese delito.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra hoy, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), muy preocupada por esta deriva reaccionaria, además de solidarizarse con sus damnificados (lo mismo da que se apelliden Arce, Gueye, Carretero, Vera o Hasél), condena el uso desmedido y reiterado de las vías judiciales para acallar las voces críticas y disidentes y reclama, a instituciones, partidos y a la propia judicatura, mesura y proporcionalidad. Hay que terminar con esta suerte de “querellismo” desaforado que busca criminalizar la protesta y se ceba especialmente con personas y movimientos sociales críticos e inconformistas. A los casos citados hay que sumar otros muchos, como el de los “titiriteros”, los 8 de Airbus, los tuits de Guillermo Zapata o la llamada “procesión del coño insumido”.
Las asociaciones vecinales de Madrid, hoy como hace 50 años, alzan su voz en defensa de la libertad de expresión y de los derechos civiles, demandando la absolución de las personas encausadas en procedimientos como los citados y la derogación inmediata de la “ley mordaza”.
