Nadie ocupa una vivienda ajena por gusto. La mayoría de las personas que lo hacen, dada su precariedad económica, tienen enormes dificultades para acceder a una casa en el mercado pero también a una vivienda pública del exiguo parque de viviendas de la Administración. Pero los legisladores parecen haber obviado este contexto y, una vez más, corren el riesgo de castigar a las familias más vulnerables, reforzando el derecho a la propiedad frente al derecho a disponer de una vivienda digna. De hecho, la nueva norma no contempla ninguna garantía de alojamiento para los hogares que serán desahuciados, aunque se encuentren en riesgo de exclusión social. Tal y como sostiene la propia ONU, no se pueden concebir expulsiones de familias sin alternativa habitacional.

Para la FRAVM, la mejor ley anti ocupación es aquella que garantiza el derecho efectivo a una vivienda. Porque realmente, ¿quién necesita ocupar si tiene acceso a un techo digno? En los últimos meses, la Asamblea de Madrid y el Congreso de los Diputados han recibido y desechado propuestas legislativas ciudadanas destinadas a garantizar ese derecho, como la ILP por una “Ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid” o la llamada “Ley de la PAH”, de ámbito estatal, que la FRAVM ha defendido junto a otras organizaciones sociales y sindicales. Estas propuestas incluían medidas como la creación de un parque de vivienda pública que realmente responda a la demanda existente o la persecución de los usos antisociales de la vivienda, como el mantenimiento de inmuebles vacíos para fines especulativos.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una norma de parte, que castiga a los ocupantes, la parte más débil de la ecuación, y no contempla medidas para hacer frente a los grupos mafiosos y tampoco para corregir ciertas fallas de la Administración que facilitan las ocupaciones. En este punto, sería recomendable, por ejemplo, que la ley obligara a las administraciones a poner en disposición de las familias legales adjudicatarias de forma inmediata o muy rápida aquellas viviendas públicas que se queden vacías.

Ocupación mafiosa
La ocupación mafiosa es una realidad que, a diario, padecen miles de vecinos y vecinas de algunos barrios populares de la capital y de otras localidades de la región, convirtiendo su día a día en un auténtico infierno. Se trata de un fenómeno que la FRAVM lleva más de tres años denunciando y que está generando problemas graves que requieren de una solución urgente. La Administración debería actuar contra los grupos que la promueven, que no solo obtienen lucro con viviendas vacías a costa de familias vulnerables sino que amenazan, amedrentan e incluso agreden a otros vecinos y vecinas, usan los espacios comunes como si fueran de su exclusiva propiedad, y no respetan las normas más básicas de convivencia. Por desgracia, no hay nada en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil dirigido a resolver este grave problema.

Además, resulta paradójico que la nueva propuesta legislativa deje fuera a las ocupaciones de viviendas propiedad de bancos, grandes especuladores y fondos buitre que, hoy por hoy, son la base principal, junto a las ocupaciones de vivienda pública, del fenómeno mafioso. Como hemos repetido hasta la saciedad, una manera realmente eficaz de combatir este problema pasa por impedir que los inmuebles se queden vacíos, ya sea a través de incentivos o incluso de multas en el caso de grandes tenedores, o de una gestión realmente eficiente en el caso de los pisos públicos, algo que no sucede desde hace tiempo en la Comunidad de Madrid.