Según CGT, UGT y CCOO y la Plataforma de Trabajadores de la Intervención Social en la Comunidad de Madrid ECO, organizaciones convocantes, la huelga tuvo una incidencia del 63% entre los 15.000 trabajadores de la región. La jornada de lucha por la “dignificación del sector” se estructuró en torno a dos paros laborales, de tres horas cada uno: de 11:00 a 14:00 y de 14:00 a 17:00. A medio día, cientos de trabajadores se concentraron frente a la sede de la Comunidad de Madrid, en la puerta del Sol, con objeto de hacer oír sus principales reivindicaciones.

Entre éstas, la más urgente es que tanto las administraciones públicas como las empresas afectadas apliquen el convenio colectivo estatal existente. Precisamente ayer, coincidiendo con la movilización sindical, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional celebró una vista oral para dirimir una demanda de impugnación del convenio interpuesta por la Patronal del Tercer Sector. Si la Audiencia da la razón a la organización empresarial, el acuerdo marco quedaría invalidado, echando por tierra uno de los escasos avances conseguidos por uno de los ámbitos más desregulados del mercado laboral. Pero tanto si se anula como sino, los manifestantes de ayer lo tienen claro: el Primer Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social, que una vez suscrito por UGT, CCOO y la patronal AESAP, entró en vigor el pasado 19 de junio (fecha de su publicación en el BOE), es un acuerdo de mínimos no negociable. De hecho, hasta que no se publique la sentencia del alto tribunal, sostienen los protagonistas de la movilización sindical, tanto la administración como las empresas, independientemente de que hayan impugnado el acuerdo, tienen la obligación de aplicar el texto marco, al menos hasta su fecha límite, el 31 de diciembre de 2008, dado que no se ha tomado ninguna medida cautelar que suspenda su aplicación. Pero esto muchas empresas se niegan a entenderlo, indican los sindicatos.

“Respetaremos la sentencia, pero nunca aceptaremos que lo formal nos sitúe nuevamente en condiciones miserables”, aseguran.

En la Comunidad de Madrid, además del texto de carácter estatal, la actividad de intervención social está regulada por un convenio autonómico que fue publicado el pasado 14 de septiembre y estará vigente durante todo el año 2008.

Ambas normas rigen los servicios de las corporaciones integradas en las cinco patronales del sector, así como en la Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social, donde se encuentran ONGs como Cáritas o Cruz Roja, y en las llamadas Plataforma de ONGs de Acción Social y la Asociación de Fundaciones.

En lo que respecta al principal cliente de estas entidades, indica la Plataforma ECO, “hasta la fecha ninguna Administración Pública (ni socialista ni popular) ha citado explícitamente en los Pliegos de Condiciones (que regulan los concursos públicos y las adjudicaciones de los mismos) al Convenio de Intervención Social, aunque lo conocen de sobra”. Y esto es así a pesar de que, en alguna ocasión, las partidas presupuestarias sociales de alguna institución “se han incrementado para adaptarlas al Convenio teniéndolo, por tanto, en cuenta y fomentando su aplicación de forma implícita”, señala la Plataforma.

“Que las Administraciones ignoren su existencia [del Convenio estatal] es una irresponsabilidad imperdonable, pues no pueden olvidar que les toca el control de calidad y legalidad de los servicios para la ciudadanía”, añaden CCOO y UGT. Estas centrales critican otro de los principales problemas del sector, los contratos de trabajo fraudulentos: “las empresas y entidades, con complicidad de las administraciones, contratan a sus plantillas mediante obra y servicio de forma vitalicia con la justificación de que los programas y servicios tienen fecha de caducidad”.

La Comunidad Autónoma de Madrid y los Ayuntamientos “se lavan las manos y afirman tener una buena red de servicios de intervención social –continúan-. Para ello, contratan a empresas y entidades que se dicen “no de lucro”, pero que terminan lucrándose de la desregulación del sector, aplicando según les place, el convenio y condiciones que menos coste les genera”.

Detrás de todo esto se haya una cuestión de fondo, concluyen los organizadores de la jornada de lucha: “las administraciones desmantelan los servicios públicos mediante privatizaciones y externalizaciones. Pasan a lo privado servicios de naturaleza pública y lo hacen a costa de los trabajadores y trabajadoras”.