El 11 de marzo de 2005 dos denunciantes anónimos acusaban a ocho médicos del hospital Severo Ochoa de practicar sedaciones irregulares a pacientes terminales. Desde entonces, 21 profesionales del centro han sido destituidos por la consejería de Sanidad en lo que, a juicio de los representantes de la comisión de Sanidad de la FRAVM “no es sino la punta de lanza de una campaña de descrédito de la sanidad pública para legitimar la ya programada privatización del servicio sanitario. Todo apunta a que lo del Severo Ochoa no ha sido sino una cortina de humo para desviar la atención de la ciudadanía y suspender una previsible respuesta social al desmantelamiento de la sanidad pública”.
A lo largo de estos dieciocho meses, sin embargo, las vecinas y vecinos de Leganés han defendido, a pie de calle y de forma insistente, la sobrada capacitación profesional de los médicos del Severo Ochoa, el compromiso del movimiento vecinal con la defensa de la sanidad pública y la exigencia de la dimisión o cese inmediato del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, como primer responsable de la crisis desatada, la vuelta a sus puestos de trabajo de los médicos imputados, así como la mejora en los servicios de urgencias del hospital en otorrinolaringología, oftalmología, cirugía dental, cardiología y la puesta en marcha de la unidad de cuidados paliativos en el Severo Ochoa.
Dieciocho meses después del inicio de la crisis, las asociaciones de vecinos también estarán al lado de los médicos imputados, que han sido llamados a declarar a los juzgados de Leganés. Representantes de la FRAVM acompañarán con su presencia al que fuera coordinador de Urgencias del centro, el doctor Montes, que comparecerá ante la Justicia el martes 19 de septiembre.
