El pasado 27 de diciembre, las asociaciones vecinales de Zarzaquemada, Nueva Fortuna, San Nicasio, Leganés Norte y Arroyo Culebro se dieron cita, junto con otros colectivos del municipio de Leganés, con dos asesores de la delegación de Participación Ciudadana del Consistorio. Sobre la mesa, la reforma de la Ordenanza por el Civismo.
La mencionada ordenanza, que fue puesta en marcha por el anterior equipo de Gobierno municipal en el año 2006, “ha sido aplicada –denuncia la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés- de forma represiva contra el conjunto de los colectivos y entidades vecinales que tradicionalmente han realizado sus actividades con absoluta normalidad, siempre respetuosa con la limpieza viaria, coartando así la libertad de expresión que nuestra Constitución consagra en su artículo nº 20 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo nº 19. Consecuencia de lo anterior han sido las multas y embargos emprendidos -y algunos ya ejecutados-, (…) lo cual nos lleva a plantear la necesidad de su reforma”
En la reunión mantenida, los delegados del equipo de gobierno -dos asesores técnicos- manifestaron coincidir con la propuesta vecinal “en el sentido de abordar y modificar el apartado correspondiente al libre ejercicio de la libertad de expresión sin que ésta, en ningún caso, se vea amenazada (…), facilitando los espacios públicos necesarios en todos y cada uno de los barrios en los que las entidades sociales puedan informar de sus actividades”. A tal efecto se llevará a cabo un estudio pormenorizado de los espacios públicos disponibles.
La Federación vecinal, sin embargo, sólo reconoce “como responsables políticos cualificados para tratar la reforma los legalmente elegidos por la ciudadanía” y espera, por tanto, “que a futuras reuniones asistan personalmente los concejales delegados con implicación directa en la Ordenanza Local por el Civismo”.
Hasta entonces, la Federación solicita al Ayuntamiento de Leganés “una moratoria urgente para la no aplicación de la Ordenanza actual” al objeto de “evitar situaciones nada arbitrarias y represivas contra los colectivos locales”.
