Además de mostrar su solidaridad con las personas allí encerradas, la FRAVM reclama también a la Delegación de Gobierno información transparente sobre la gestión del motín de esta noche, así como el acceso al centro de organizaciones de derechos humanos para que puedan comprobar in situ el estado de sus moradores. Resulta inaceptable que la dirección del CIE haya impedido esta madrugada el acceso a sus instalaciones de representes institucionales y de los propiosservicios de emergencias municipales.
Inaceptable pero nada sorprendente, ya que la opacidad ha rodeado a este tipo de establecimientos desde su origen. Unos lugares que funcionan como auténticas cárceles, a pesar de que las personas allí encerradas no han cometido otro delito que carecer de documentos en regla. No es de recibo que se siga privando de libertad a vecinos y vecinas por simples faltas administrativas.
Más allá de este despropósito jurídico, organizaciones sociales, instituciones nacionales como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado y entidades internacionales como la ONU, han criticado en innumerables ocasiones la vulneración de derechos elementales que se da dentro de sus muros. El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce en varias sentencias que determinadas condiciones de internamiento vulneran el art.3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que prohíbe la tortura y “las penas o tratos inhumanos o degradantes”. Las personas internas, que pueden permanecer detenidas hasta 60 días, denuncian constantemente que no se cumplen las condiciones mínimas para una privación de libertad. No solo no se garantizan adecuadamente derechos tan básicos como la salud física y psicológica, la educación o la identidad, sino que se vulneran otros como el derecho a la vida personal y familiar, a la intimidad y al acceso a la justicia, entre otros.
En los últimos días hemos conocido un auto del Juzgado de Instrucción nº6 en funciones de control del CIE de Aluche, con fecha de 3 de octubre de 2016, por el que insta al director de este centro a garantizar el derecho de asilo a las personas internadas. La resolución llega tras una denuncia de la Asociación Karibu y SOS Racismo Madrid que da cuenta de la vulneración sistemática de este derecho. “La información que se da a las personas internas se reduce a una fotocopia prácticamente ilegible que no facilita la comprensión del procedimiento. Además, en numerosas ocasiones, hemos detectado cómo las solicitudes presentadas por las personas internas no son tramitadas por las autoridades del CIE. De este modo, muchas personas han sido deportadas a países donde su vida corre peligro sin siquiera haber sido escuchadas, vulnerándose así el principio de no devolución”, indica SOS Racismo.
Sin duda, sobran las razones para que el CIE de Aluche sea clausurado y desmantelado de una vez por todas. Hoy, como hacemos desde hace más de ocho años, reclamamos su cierre.
