El Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre aprobó, el mes de diciembre del pasado año, una modificación de las tarifas de los servicios de abastecimiento, saneamiento y agua reutilizable prestados por el Canal de Isabel II con el objetivo de “llevar a los ciudadanos, empresas y administraciones públicas a la convicción de un uso prudente, sostenible y responsable de los referidos recursos. En particular, la referida política tarifaria obedece a una serie de principios básicos, como son la transposición de la Directiva Marco del Agua, el fomento del uso responsable del agua y su consumo eficiente y la consecución de un sistema tarifario justo y equitativo”.

A juicio de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II (ver fichero relacionado), la orden 2304/2011, de 30 de diciembre, que recoge la modificación introduce “sin justificación alguna” una nueva formulación que afecta a la cuota fija de los servicios de aducción y distribución que ocasiona un incremento “desproporcionado” en el precio del agua con respecto al vigente en 2011, un incremento que puede alcanzar el 20% , dependiendo del contador y del número de viviendas o usos abastecidos.

La plataforma señala que las nuevas tarifas gravan especialmente al primer bloque de consumo, el que se refiere a los consumo doméstico y, en consecuencia, “a los sectores sociales más vulnerables”, por lo que califican la medida como “injusta socialmente” e “inadecuada desde el punto de vista de la sostenibilidad”.

Añade la plataforma que el ‘desproporcionado’ incremento tarifario “se apoya en el aumento desmedido de la cuota de servicio, que llega a alcanzar valores superiores al 55%’, algo que achaca al ‘intento de la Comunidad de Madrid de privatizar el Canal de Isabel II’ toda vez que ‘aumenta precisamente la cuota que interesa especialmente a cualquier operador que pudiera participar en una eventual compra de la empresa’.

Por todo ello, la Plataforma llama a la ciudadanía a denunciar y a ejercer ‘cuantas acciones legales sean procedentes para anular una subida que ‘no se corresponde con la situación de crisis ni con los resultados económicos del Canal de Isabel II “que en 2010 obtuvo unos beneficios de 116 millones de euros”.