La cita sirvió para conocer los planes que tiene el Ministerio para las parcelas de uso residencial en los citados terrenos de la antigua cárcel, y para que los representantes vecinales presentaran sus propuestas para dichas parcelas. Tal y como informa la coordinadora vecinal, estas son las propuestas vecinales, y las valoraciones ante las informaciones recibidas:
1) Todas las viviendas que se construyan (algo más de 500) deben ser de gestión pública en régimen de alquiler social, con prohibición expresa y por escrito de su posible venta.
SEPES no descarta alguna venta excepcional, y contempla la posibilidad de que algunas viviendas sean construidas mediante contrato de concesión de obra, por medio del cual una empresa privada construiría y gestionaría el alquiler, en las condiciones establecidas en el convenio, durante años. La coordinadora vecinal rechaza tajantemente esta modalidad, por cuanto significa dejar en manos de empresas lucrativas la gestión de viviendas sociales, con las disfunciones que ello acarrea.
2) Debe haber un tamaño variable en los pisos que se construyan (1, 2 y 3 dormitorios), siendo su adjudicación en función del tamaño de la unidad familar.
3) Los edificios tendrán espacios comunitarios que favorezcan la socialización vecinal, como local social, lavandería, refugios climáticos y huerto comunitario. SEPES comparte esta propuesta. Se habilitarán los mecanismos pertinentes para que la gestión de estos espacios y de la propia comunidad (ingresos y gastos) se realice por los propios inquilinos e inquilinas. SEPES estudiaría esta propuesta.
4) Los pisos se adjudicarán por sorteo entre las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos. SEPES comparte esta propuesta.
5) Para tener acceso a alguna de las viviendas, deberán cumplirse estos requisitos:
– No disponer de ninguna vivienda en propiedad
– Que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a:
i. Familia sin hij@s menores (de 25 años): 2 veces SMI en cómputo anual
ii. Por cada hijo/a menor de 25 años se sumaría 0,5 SMI al tope establecido. El tope máximo sería de 3 veces el SMI
6) El alquiler será indefinido. SEPES plantea contratos renovables al cabo de ciertos años.
7) La renta de alquiler no podrá superar el 20% de los ingresos de la unidad familiar. SEPES contempla que el precio de alquiler suponga un 30% de los ingresos familiares, como una cantidad calculada en función de parámetros de carácter geográfico, salarial, etc. Dicho valor de renta se aplicaría por igual a todas las familias adjudicatarias.
Considera que la gestión de vivienda social corresponde a los Ayuntamientos, siendo la función de SEPES la de regular el precio de mercado del alquiler, influyendo a la baja.
La Coordinadora vecinal defiende que para que realmente se aplique el principio del derecho a la vivienda, la renta a pagar por cada inquilino/a no debe exceder el 20% de sus propios ingresos; por ello se rechaza la aplicación de una cantidad igual para todas, calculada por criterios generales, sin tener en cuenta la situación familiar concreta.
SEPES no tiene una propuesta para los locales comerciales que le corresponden, que podrían fomentar el comercio de barrio.
