La Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Coslada ha puesto el grito en el cielo tras conocer la noticia de que el nuevo equipo de Gobierno de la localidad, liderado por el PP, ha programado un incremento de los impuestos “muy por encima del IPC” para el año que viene y la creación de nuevos gravámenes que, en palabras de la coordinadora, “castigan a los vecinos en una época en la que muchas familias cosladeñas tienen algún miembro en situación de desempleo y han visto muy mermados sus ingresos”.
Lejos de adecuar la presión fiscal al poder adquisitivo de las familias, el equipo de Gobierno del popular Raúl López subirá un 42% la tasa de vados; duplicará y, en algún caso, llegará a triplicar las tasas del cementerio; incrementará en un 10% el IBI; un 3% el impuesto de circulación. Además, crea nuevas tasas, como la que se pretende cobrar a las asociaciones vecinales por el uso de los espacios públicos; a los dueños de mascotas o a los usuarios de la ventanilla única para las comunicaciones de los ciudadanos con la administración, amén de otros impuestos de “quita y pon”, como la tasa de la basura, eliminada en 2003 tras ser absorbida por el IBI. Se suma a la referida lista la nueva tasa de alcantarillado, que se aplicará al recibo del agua.
La coordinadora denuncia que “la única razón” a la que obedecen estas “exageradas” subidas es “mejorar el estado de las cuentas municipales”. Para evitar castigar más aún a las familias sin mermar la calidad de los servicios públicos, las entidades vecinales proponen al Ayuntamiento que adopte una serie de medidas, entre las que destacan la reducción de los cargos de confianza de todos los partidos ya que “el Ayuntamiento dispone de los suficientes profesionales para realizar las tareas que les son propias”, la total eliminación de gastos suntuosos (publicidad, comidas, etc.); la renuncia de los cargos a sus vehículos oficiales y una reducción de los sueldos del alcalde y de los concejales.
“Nos resistimos a pagar las consecuencias de unas políticas de despilfarro. Nosotros no estamos en contra de tasas e impuestos –aclara la coordinadora–, ya que son imprescindibles para el mantenimiento de los servicios y constituyen un mecanismo de redistribución de la riqueza, pero exigimos una fiscalidad progresiva de manera que pague más quien más tiene y que lo recaudado se administre de manera responsable y racional para el fin que se recauda”.
