De una forma u otra, durante más de una década, hemos denunciado ante la Administración pública que el suministro eléctrico a los hogares no tiene la consideración de servicio público esencial al que tenga derecho toda la ciudadanía, por lo que la “pobreza energética” está afectando en estos momentos a más de millón y medio de hogares. Hemos denunciado la falta de planificación energética derivada de la renuncia a las competencias de planificación por parte del Estado de las instalaciones de generación y de la posición dominante de las grandes empresas de generación, lo que ha supuesto un reforzamiento del poder oligopolista de estas empresas, que han derivado en la opacidad e injusto tipo de mercado mayorista a coste marginal: un sistema donde se retribuye a todas las energías en función del precio de la más costosa de producir y no de sus costes reales. Un sistema incompatible con la competencia real.
En consecuencia, hemos propuesto:
- El establecimiento legal de la consideración del suministro eléctrico como un servicio público esencial al que tiene derecho toda la ciudadanía y el establecimiento de medidas eficaces contra la “pobreza energética” con protección a los sectores más desfavorecidos estableciendo un auténtico bono social.
- Que las comercializadoras de referencia y las distribuidoras deberán estar sometidas al arbitraje de consumo por ser entidades que prestan un servicio básico y fundamental y por contar con un monopolio natural al que no pueden acceder otras distribuidoras.
- La creación de un organismo público para la realización de las auditorías periódicas del sistema, política de primas o ayudas a tecnologías renovables con intervención directa en las subastas de energía. A tal fin se podría ejercer el control de la posición dominante de las empresas de generación que a la vez controlan la comercialización.
- Y, en última instancia hemos exigido la reforma de la fiscalidad que se aplica al sistema eléctrico, limitando la acumulación actual de impuestos que recaen sobre la tarifa eléctrica y la reducción inmediata del IVA del 21% al 4%.
Por todo ello, transmitimos al Ministerio de Transición Ecológica y al Ministerio de Industria, para que en el ejercicio de sus competencias en el sector eléctrico, tramiten en la mayor brevedad posible, las modificaciones pertinentes que conduzcan a la transparencia de toda la enojosa e injusta legislación actual que permite las incontroladas subidas del coste de energía, la pobreza energética y el enriquecimiento inmoral de las compañías eléctricas bajo el privilegio de su monopolio, estableciendo la gestión y control público. Por otro lado, exigimos estar presentes en los diferentes grupos de trabajo que ha anunciado el propio Ministerio de Transición al efecto de modificar la legislación vigente.
