En julio, la asociación vecinal Valle-Inclán de Prosperidad recibió un ultimátum de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, propietaria del local donde ejerce sus actividades desde hace cinco años, en el que amenazaba con iniciar el día 31 de ese mes un “procedimiento de recuperación posesoria” del inmueble si persistía en su negativa a entregar las llaves. Hace unos días, después de un mes de agosto en calma, los miembros de la entidad ciudadana pudieron comprobar el alcance del aviso: una misiva les informaba de que el Gobierno regional, haciendo caso omiso de los numerosos apoyos recibidos en los tres últimos meses, acababa de cursar la petición de un desahucio judicial.
Este hecho no sólo no ha arredrado a la asociación de vecinos, que lleva 35 años trabajando en Prosperidad de forma totalmente desinteresada, sino que la ha reafirmado en su convicción de no ceder ante una decisión que considera “injusta, arbitraria y que constituye un nuevo ataque al movimiento vecinal y un recorte más de los derechos sociales de la ciudadanía, que se produce con el pretexto de la coyuntura económica”.
Tras recoger centenares de firmas y el apoyo de decenas de organizaciones sociales y políticas, Valle-Inclán, al igual que hizo el pasado 21 de agosto, ha convocado a los vecinos y vecinas de su barrio a mostrar su protesta ante las intenciones del Gobierno de Aguirre el próximo sábado 11 de septiembre a las 12h en la plaza de Prosperidad. Unos días después, el miércoles 15 de septiembre, una manifestación con el mismo motivo arrancará a las 19h del mismo lugar para recorrer una buena parte de este barrio de Chamartín.
