Todo un hito que ha sido posible gracias a la implicación de cientos de personas voluntarias, que han logrado cubrir el mapa de la región con mesas de recogida, formando parte de un proyecto ilusionante y aglutinador por la fórmula de democracia directa más apasionante que permite la Constitución: la Iniciativa Legislativa Popular. En estos dos meses, especialmente las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y los colectivos de vivienda de barrio, pero también las asociaciones vecinales y otras organizaciones como sindicatos, ONG y colectivos profesionales, se han movilizado para hacer posible que la voz de la ciudadanía llegue a la Asamblea de Madrid. Y lo seguirán haciendo hasta que la ILP sea una realidad en nuestro ordenamiento legislativo autonómico, algo que a día de hoy depende de los grupos políticos con representación parlamentaria.
En el Congreso de los Diputados se tramita actualmente la Vía Asturiana, un proyecto lanzado por numerosos movimientos sociales que demandan que las iniciativas que alcancen el apoyo popular requerido, pasen directamente a ser leyes, independientemente del apoyo o rechazo de los partidos políticos. Pero como aún no tienen esa herramienta a su alcance, los promotores de la ILP madrileña, tras conseguir el objetivo de las 50.000 firmas, se han propuesto uno nuevo: llegar a las 60.000 firmas y más allá. Ya que el último “sí quiero” lo deben dar los grupos de la Asamblea, con Cristina Cifuentes a la cabeza del más numeroso, “el 26 de mayo queremos desbordar el mínimo legal llevándoles otras 10.000 firmas más como mínimo, porque queremos transmitirles un mensaje: la ciudadanía madrileña está diciendo sí a esta ley urgente”, sostiene Alejandra Jacinto, portavoz de la campaña y de la PAH. Hasta el momento, Podemos y el PSOE se han mostrado favorables a la iniciativa, mientras que Ciudadanos y el PP la han acogido con reservas y aún no han desvelado su postura.
Para superar el nuevo reto, los tres colectivos impulsores de la ILP organizarán el próximo 20 de mayo una nueva “gran jornada de recogida de firmas”. “El sábado 20 volveremos a llenar de mesas de firmas los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid para exigir a los políticos que no se demoren y aprueben cuanto antes la ILP que rescata personas, calienta hogares y permite una vida digna de ser vivida”, remacha Jacinto.
Recordemos que la iniciativa ciudadana persigue acabar de una vez por todas con los desahucios de vivienda sin alternativa habitacional y con los cortes de suministros básicos, así como blindar la vivienda pública, prohibiendo su venta. Para ello, penaliza los usos antisociales de la vivienda, castigando con cuantiosas multas a sus responsables, si estos son grandes tenedores. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado hubo en Madrid 6.674 lanzamientos y casi 4.000 familias sufren hoy las penosas consecuencias de la venta de viviendas públicas del IVIMA (hoy Agencia de la Vivienda Social) y de la EMVS de la capital a fondos buitre, operaciones perpetradas por los anteriores gobiernos del PP.
Además de la recogida de firmas y de encuentros con los grupos políticos, la PAH, la FRAVM y ALA están promoviendo otras muchas acciones, como la presentación de mociones de apoyo a la ILP en los ayuntamientos de la región y en las juntas de distrito de la capital. En este marco, ya han aprobado proposiciones los consistorios de Parla, Móstoles y Valdemoro, y en los próximos días se espera que lo hagan los de Leganés y San Fernando de Henares.
Los impulsores de la ILP también han elaborado un manifiesto en defensa de la iniciativa que ya han suscrito cientos de organizaciones y personas procedentes de todos los ámbitos de la vida cultural, social y política de la región.
La respuesta del director general de Vivienda
Por ende, el pasado 25 de abril decenas de personas registraron en la Asamblea de Madrid cartas dirigidas a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, para poner en su conocimiento la gravedad de la situación por la que pasan debido a la ausencia de vivienda pública y a los desahucios que siguen plagando la región madrileña. Tres días después, José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación, respondía a las misivas invitando a aquellos que requieran de viviendas de especial necesidad a “presentar la documentación correspondiente, y optarán a ellas en las mismas condiciones que el resto de familias madrileñas que se encuentran en situaciones de necesidad o de riesgo de exclusión social”. Un buen número de personas que presentaron las cartas conoce de sobra el procedimiento y lleva años en lista de espera de una vivienda pública que nunca llega. Por eso, la respuesta de García Gómez ha indignado especialmente a los afectados. Recogiendo este malestar, las tres organizaciones impulsoras de la ILP quieren aclarar a Cristina Cifuentes lo siguiente:
- “que cuando enviamos cientos de cartas personales de familias en situación límite por responsabilidad de su Gobierno, esperamos una respuesta personalizada y no una genérica invitación a apuntarnos a las listas de espera de la Agencia de la Vivienda Social (AVS).
- “Que cuando describimos la situación de angustia en que vive una familia por miedo a ser despojada de su hogar en cualquier momento, le hacemos ver la necesidad de que los organismos públicos se pongan en marcha en la adjudicación de viviendas para quien prioritariamente las necesita.
- “Que cuando nos encontramos en la necesidad de recuperar una de las miles de viviendas de un gran tenedor, y por ello nos vemos excluidas de optar a vivienda pública, se nos está condenando a esta angustiosa situación de por vida.
- “Que en lugar de invitarnos a inscribirnos en las listas de espera de la AVS, donde ya llevamos años, se pongan en marcha para que ésta funcione; y
- “Que, si quieren verdaderamente solucionar este problema social, apoyen sin tachaduras la ILP”, concluyen las organizaciones impulsoras de la ILP.
