Viviendas a las que hay que sumar 1.865 trasteros y 45 locales, un lote que fue adquirido por el citado fondo, a través de su filial Encasa Cibeles, a cambio de tan solo 201 millones de euros.
Mientras AVVI (Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA) subraya en el día de hoy la vigencia de su lucha por lograr la reversión de la operación de enajenación y el castigo de sus responsables, Encasa Cibeles lo celebra con la expulsión de sus casas de dos familias de Parla. Si la solidaridad del vecindario y de organizaciones como AVVI, la PAH y la Coordinadora de Vivienda no lo impiden, mañana dos hogares con cuatro niños serán desahuciados de pisos que antes pertenecían al IVIMA. Según las personas que han ejercido de mediadoras en este proceso, el fondo buitre, que ha ofrecido a las dos familias 3.000 euros a cambio de su salida voluntaria, “no suspenderá el desalojo bajo ningún concepto”. Las familias de Samira y Chaimae no quieren dinero sino un techo establece en el que vivir. Por ello, los colectivos en defensa de la vivienda han convocado sendos Stop Desahucios: el primero tendrá lugar a las 8:00 ante el número 7 de la C/ Constelación de Andrómeda y el segundo a las 10:00 en la Avenida de Estrellas, 3.
Samira tiene que sacar adelante a dos niños de 6 y 4 años, divorciaday sin apenas ingresos. La situación de Chaimae no es mucho mejor: con dos hijos de 6 y 2 años, se encuentra a la espera de recibir la Renta Mínima de Inserción. Ambas cumplen el perfil de buena parte de las 2.935 familias que, sin su consentimiento y de la noche a la mañana, vieron vendidas a una empresa privada sin escrúpulos las viviendas sociales públicas en las que residían. El Gobierno regional aseguró entonces que el cambio de titularidad de los inmuebles no iba a suponer ningún cambio sustancial para aquellas, pero el tiempo no ha hecho otra cosa que dar la razón a la asociación de afectados y a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que desde el primer momento alertaron de las nefastas consecuencias que iba a tener la operación en la vida de los hogares damnificados. La propia defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reconocido que estos vieron “drásticamente reducida” la condición de “servicio público” de sus viviendas, pues mientras pertenecían al IVIMA esa competencia no se reducía a una relación arrendaticia, sino que implicaba “una esfera de derechos (posibilidades de reducción de rentas, mecanismos de pago de las deudas de los inquilinos, posibilidad de cambio o permuta de la vivienda, etc.)”.
Desde la enajenación, muchas de las familias afectadas, como las de Samira y Chaimae, han visto como la vida les cambiaba radicalmente. Tal y como recuerda AVVI, “de tener la seguridad de una vivienda digna en la que construir su proyecto vital han pasado a la incertidumbre de si podrán o no seguir en ella por mucho tiempo, ya que, pasados los dos primeros años desde la venta, todas aquellas familias que disfrutaban de una ayuda al alquiler la perdieron. Eso ha supuesto, para muchas de ellas, no poder afrontar el pago mensual del arrendamiento, al verse incrementado entre el 100% y el 500%. En otros casos, las familias no han podido ejercer su opción de compra, al no conseguir la concesión de una hipoteca. El resultado ha sido siempre el mismo, el abandono de la vivienda, ya fuera por voluntad propia, para no tener que pasar por el durísimo proceso de una denuncia por impago, o mediante una orden de desahucio. A día de hoy, según los cálculos más optimistas, solo el 30% de las familias permanece aún en sus viviendas” asegura la entidad, que siempre ha contado con el apoyo de la FRAVM en su lucha.
“Durante estos tres interminables años el Gobierno regional se ha desentendido de la suerte de estas vecinas. Nada ha hecho para que no perdiesen sus derechos ni para que no perdiesen sus viviendas. Su mejor gesto ha sido prometer que no volverán a enajenar más vivienda pública, aceptando implícitamente que aquella venta estuvo mal, que fue injusta para aquellas 2.935 familias de nuestra región”, continúa AVVI, antes de reclamar al Ejecutivo de Cristina Cifuentes “que realice los trámites oportunos para revertir la enajenación de las 2.935 viviendas con objeto de devolvérselas a los legales adjudicatarios que las han perdido en todo este tiempo”. Además, junto a la FRAVM, demanda “que recupere el parque de viviendas públicas y sociales perdido en los últimos años y que modifique el Reglamento de Viviendas con Protección pública para impedir que se pueda volver a enajenar vivienda pública en la Comunidad de Madrid”.
Bloqueo judicial
En el plano judicial, recordemos que aún permanecen abiertos un proceso penal y cinco procesoscontencioso administrativos (tres colectivos y dos individuales). La causa penal, que se encuentra el Tribunal de Instrucción número 48 de Madrid, precipitó la dimisión, el pasado 2 de febrero, de Juan Van-Halen Rodríguez, como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado. Tras la declaración de Van-Halen, director general de Vivienda de la Comunidad en el momento de la venta, y de Ana Gomendio, ex directora gerente del IVIMA, el caso apenas ha avanzado debido, en parte, al bloqueo de la Agencia Tributaria. Los instructores han pedido en varias ocasiones a este organismo del Ministerio de Hacienda un perito de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude para que analice toda la documentación económica del caso y determinar quién y cómo pudo lucrarse con la operación, sin haber obtenido hasta el momento ninguna respuesta.
