El Ayuntamiento de Madrid, a través del Reglamento de Participación Ciudadana de la Ciudad de Madrid, fija, entre otros objetivos, el de “fomentar la vida asociativa en la ciudad, en sus distritos y en sus barrios, garantizando la convivencia solidaria y equilibrada y en la libre concurrencia de iniciativas ciudadanas sobre los asuntos públicos” desde la convicción de que es necesario “impulsar otro modelo de gestión del gobierno local que incluya como uno de sus principales rasgos la participación ciudadana”. A tal fin, el Ayuntamiento permite a las entidades ciudadanas declaradas de utilidad pública municipal el acceso al uso de locales e instalaciones de titularidad municipal para la realización de actividades puntuales. Al menos en las normas, en los reglamentos y en la formulación programática de la política en materia de participación ciudadana del Gobierno del PP. La realidad, sin embargo, es muy otra.

El pasado 11 de mayo, el Ayuntamiento de Madrid no autorizó la celebración de la Fiesta de la Bicicleta, organizada por la AV Carabanchel Alto, alegando que carecía de los medios necesarios para cubrir la actividad. Días más tarde, la misma asociación recibió una nueva negativa a la celebración de un acto informativo sobre la inmigración en el Centro Municipal de Mayores Francisco de Goya. “Como viene siendo demasiado habitual en los últimos meses -denuncia la entidad vecinal- una persona de la Junta Municipal nos informó verbalmente de que el acto no se autorizaría, en lugar de contestar por escrito, como es su obligación”. “Similar suerte tienen los miembros de la Plataforma de Jóvenes de Karabanchel Alto, que se ven obligados a reunirse en los pasillos de un centro juvenil infrautilizado sin recibir argumento alguno que justifique tal medida”. A los vecinos de Carabanchel se suman las entidades del distrito de Fuencarral. La AV La Flor denuncia que la concejala de Fuencarral-El Pardo ha denegado a las entidades organizadoras de Fuencactiva 2008, un encuentro de asociaciones ciudadanas del distrito, el permiso necesario para llevar a cabo la feria en el anfiteatro de la plaza de Redondela “sin aportar una sola razón”. “El carácter discrecional de la autorización para la celebración de este tipo de actos se convierte, por tanto, en arbitrario”, concluye.Estas prohibiciones, que afectan a entidades que hacen trabajo voluntario para fomentar la participación ciudadana y el uso social del espacio comunitario, se suman a la privatización de los centros municipales y, por otro lado, contrastan con la permisividad del Ayuntamiento de Madrid con aquellos actos patrocinados y promovidos por empresas privadas que hacen un uso -y abuso- lucrativo de los espacios públicos -instalación de ferias en plazas, en el parque del Retiro-.

Por todo ello, la FRAVM exige al Ayuntamiento de Madrid que cumpla y desarrolle los artículos recogidos en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y que no utilice las ordenanzas municipales para cercernar el ejercicio de derechos fundamentales, como el de reunión y manifestación.