En la citada comunicación de la filial del fondo buitre Goldman Sachs, esta indica que “podrán acogerse” al aplazamiento y fraccionamiento de la renta del alquiler “aquellos arrendatarios de Encasa que, encontrándose al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales –incluyendo el pago de las rentas y cantidades asimiladas-, cumplan además con los criterios fijados por el Real Decreto-Ley”. De este modo, deja fuera a aquellos hogares que hoy deben el pago de alguna mensualidad, algo que no contempla la norma del Gobierno central.
“El Real Decreto-Ley no establece de ningún modo que sólo las personas al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales puedan disfrutar de las ayudas que establece el mismo. Por tanto entendemos que su comunicación puede incurrir en delito, al establecer condiciones diferentes de las que marca el Real Decreto-Ley”, señala AVVI en su respuesta a Encasa Cibeles.
En la misma carta remitida esta mañana, la asociación subraya que los buenos deseos expresados por Encasa Cibeles en su comunicación a las familias arrendatarias, “llegan bastante tarde”. “Especialmente para aquellas familias a las que, a lo largo de estos ya casi siete años, ustedes han denunciado por diversos motivos como teóricas finalizaciones de contrato o impagos, así como a quienes consiguieron expulsar de sus legítimas viviendas, ya fuera desahuciándolas o por la imposición de condiciones inasumibles”, remacha la entidad, que calcula que solo una cuarta parte de las casi 3.000 familias afectadas por la venta de los pisos del antiguo IVIMA permanecen hoy en ellos.
Por ende, AVVI señala en su escrito que, a su entender, corresponde a la Agencia de Vivienda Social, sucesora del IVIMA, y no a Encasa Cibeles, “cualquier actuación respecto de las rentas”, dada la “nulidad” de la operación de enajenación de las viviendas confirmada por el Tribunal Supremo en su última sentencia. De este modo, la mercantil “no está legitimada para reclamar renta ni cuantía alguna relacionada con ninguno de los inmuebles objeto de la adquisición anulada”, subraya la asociación de damnificados.
Recordemos que el pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de apelación presentados por el Gobierno regional y el fondo Goldman Sachs-Encasa Cibeles contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a una familia damnificada (la de Rachid Bouikou) al entender que la Administración no justificó debidamente que las promociones vendidas “no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA”. La Comunidad de Madrid presentó un recurso de casación contra este fallo, y el 13 de marzo, la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo emitió otra sentencia rechazando el recurso y volviendo a declarar nula la operación de venta por la que el Gobierno regional se desprendió, por un precio muy inferior al del mercado, de 2.935 pisos de 32 promociones de protección oficial. Por este motivo, la FRAVM y AVVI han solicitado en diversas ocasiones a la Comunidad de Madrid que asuma el fallo del alto tribunal y se siente de una vez por todas con las familias afectadas a negociar la restitución de sus derechos como moradores de vivienda pública.
“Entendemos que su carta no es mas que un lavado de cara, con el que pretenden aprovechar este momento tan delicado para las familias, con la intención de aparecer como propietarios legales, sensibles y comprometidos, eso si, obviando que hoy día deberían estar devolviendo las viviendas a la Comunidad de Madrid, con lo que podríamos recuperar nuestros derechos como legales adjudicatarios/as de las mismas, lo que sí sería una solución para nuestras familias”, sentencia AVVI en el escrito enviado esta mañana a Encasa Cibeles.
Imagen: AVVI
