Los cuatro protagonistas de la acción han aprovechado la ausencia del guardia de seguridad del edificio, que se encontraba en su interior atraido por los gritos de varias personas del grupo de apoyo, para, con la ayuda de una escalera, encaramarse a la cornisa, donde se han encadenado y desplegado una pancarta con la consigna “Agua pública para todos. No a la privatización”. La ubicación del inmueble, que alberga la Oficina de Usuarios del Canal y se encuentra en la intersección de las calles José Abascal y Santa Engracia, ha permitido que numerosos viandantes presenciasen el acto de protesta.
La acción ha concluido después de que las organizaciones promotoras entregaran una carta dirigida al gestor de la empresa autonómica en la que se pedía un debate amplio y público sobre el proceso de mercantilización del Canal, en el que puedan expresarse las voces disidentes. Tras descender de la cornisa, una dotación de la policía nacional ha procedido a identificar a los ocho activistas.
La acción se enmarca en la “Campaña por una gestión cien por cien pública del agua”, en la que participan entidades vecinales, ecologistas, sindicatos, ONG y agrupaciones políticas y que en la actualidad se centra en frenar los planes privatizadores que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre tiene para el Canal de Isabel II. Según un comunicado emitido por la plataforma antes de la acción, “con esta privatización nos cerrarán el grifo del agua pública de calidad, nos pondrán un candado al derecho a tener un servicio de agua eficiente y nos encadenan a las graves consecuencias de privatizar un bien básico para la vida”. Por ello, “nosotros nos encadenamos a la gestión pública del agua en Madrid”.
“La privatización provocará importantes daños medioambientales y sociales, como el empeoramiento de la calidad del servicio, consecuencia de un seguro recorte de la plantilla de trabajadores y trabajadoras promovido con objeto de abaratar costes -continúa el texto-. Por otro lado, la pérdida de calidad del agua favorecerá el incremento de las compras de agua embotellada”. Los daños ambientales, por su parte, tienen que ver con una más que probable reducción de la inversión en el mantenimiento de las redes de distribución y en la posible construcción de dos embalses que no son necesarios, sostienen ecologistas y vecinos.
La decisión de vender un 49% del Canal, que se ha realizado al margen de la ciudadanía, ha sido publicitada como un mero trámite administrativo que no modificará gran cosa la vida de las y los ciudadanos. A partir de ahora se iniciará una etapa en la que se venderá la empresa al mejor postor, lo que incluye la gestión del agua y el patrimonio inmobiliario del Canal de Isabel II, un patrimonio que pertenece a todos los madrileños y madrileñas. En Madrid capital, estamos hablando de 200.000 m2 repartidos en Ríos Rosas, Bravo Murillo y Plaza Castilla. Mientras la empresa privada se puede beneficiar de su venta y urbanización, a la población no le quedará otra cosa que recibir los daños medioambientales y sociales, concluyen los miembros de la citada campaña.
