Los cerca de 8.000 vecinos del paseo de Extremadura llevan décadas soportando niveles de contaminación acústica que superan en casi treinta decibelios los índices máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por la Ordenanza del ruido de la capital. Esta situación se ha complicado en los últimos años por el incremento del tráfico provocado por la expansión de ciudades dormitorio como San José de Valderas, Alcorcón, Móstoles y la construcción de centros comerciales que tienen accesos a través de la A-5 (Hipercor, Centro Comercial de Alcorcón, Xanadú…). A todo ello se sumará, en breve, la edificación de 10.700 viviendas en la primera fase de la Operación Campamento, la creación de nuevos parques empresariales, la ciudad del Banco de Santander y el cuartel de la OTAN. Todo eso, sin que en ningún momento la administración haya adoptado medidas de calado para reducir el impacto medioambiental y acústico que sufren no sólo las familias –algunas de las cuales viven a dos metros escasos de distancia de la vía- sino seis colegios (el San Buenaventura, el Lourdes, el Divino Maestro…) y los ancianos de la residencia Montehermoso.
Manuel Dorado, portavoz de la AV Casa de Campo Batán, denuncia, además, que “todos los años hay cerca de un centenar de accidentes de coche con atestado en este tramo”. Respecto a la última actuación del Ayuntamiento, considera que las obras de pavimentación que la pasada madrugada comenzaron en el tramo de la carretera comprendido entre la avenida de Portugal y la calle Ceferino Maeztu con el objetivo de reducir de 3 a 5 decibelios el ruido son una tomadura de pelo a los vecinos que todos los días soportan el ruido y la contaminación acústica y atmosférica provocada por los más de 160.000 coches y 2.000 autobuses que circulan por ahí diariamente.
Los representantes de la asociación vecinal que logró que los concejales de Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad y Servicios a la Comunidad de Madrid, Pilar Martínez, Paz González y Pedro Calvo, respectivamente, fueran imputados por un delito de contaminación acústica y atmosférica en junio de 2007 tras presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente insisten en que el Ayuntamiento de Madrid debe adoptar medidas de calado para reducir las molestias generadas por el tráfico dentro de los márgenes establecidos por la ley. Recuerdan que el Ministerio de Fomento cedió la gestión del paseo de Extremadura al Ayuntamiento de Madrid en 2004 e insisten, por tanto, en que el Consistorio debe reducir la velocidad máxima permitida en la carretera a 50 km/hora, como establece la ley, y sugieren la instalación de semáforos en los cruces para suprimir los pasos subterráneos, que en la actualidad son un foco de delicuencia.
