Continuando la labor de las jornadas precedentes desarrolladas en Ponferrada, Toledo, Montcada i Reixac, Altsasu-Olazti y Morata de Tajuña, la Coordinadora Estatal de Plataformas contrarias a la incineración de residuos en cementeras se reunió en Vilafranca del Penedès los pasados 13, 14 y 15 de marzo con un extraordinario éxito de asistencia.
Todas las organizaciones presentes, entre las que estaba la AV Morata de Tajuña, coinciden en que la incineración es la forma más insostenible y peligrosa que existe para el tratamiento de los residuos ya que genera emisiones que perjudican gravemente la salud de las personas, animales y plantas, la calidad de la tierra, del aire y del agua.
La afirmación no es gratuita: se basa en estudios científicos como el elaborado por el área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Instituto de Salud Pública de Carlos III publicado el 14 de enero de 2015 bajo el título La mortalidad por cáncer en las ciudades en las proximidades de las instalaciones para la producción de cemento, cal, yeso y óxido de magnesio, que constata un riesgo mayor de muerte por cáncer en los municipios situados en un radio de 5 kilómetros en torno a estas empresas y amplía a 65 kilómetros el radio de afectación de la contaminación generada.
A pesar de ello, muchas de las cementeras españolas están cerca de zonas altamente pobladas, de centros escolares, hospitales… Estas instalaciones, además, no solo queman coque de petróleo, sino también residuos (lodos de depuradoras, harinas cárnicas, plásticos, residuos urbanos, neumáticos, productos farmacéuticos…), añadiendo escorias y cenizas volantes como materias primeras de sustitución en lugar de las rocas carbonatadas. El producto final del cemento contiene, por tanto, residuos de estas quemas y son utilizados en la construcción de nuestras casas, colegios, hospitales, conducciones de agua, etc.
La Oficina de Control y Prevención Integrada de la Polución ha desvelado, asimismo, que las sustancias emitidas por la incineración son muy tóxicas y que no son controladas en las instalaciones, ya que no están incluidas en las autorizaciones ambientales integradas. Por eso, las organizaciones reunidas exigen a las autoridades medioambientales la revisión de esas autorizaciones y la obligación de que vaya acompañada de un estudio epidemiológico y de un proceso de participación ciudadana.
